El próximo vástago de los Príncipes de Asturias será niña. Parece evidente que Felipe de Borbón, que se había reservado hacer público el sexo del bebé durante una conversación informal el pasado día de la Hispanidad, lanzó ayer la nueva para que las autoridades de la Nación tomen las medidas pertinentes. Éstas, obviamente, pasan por reformar en la Carta Magna el orden de sucesión a la Corona que actualmente favorece a los varones. La necesidad de que el Estado se pronuncie al respecto es ya perentoria pues, con la que está por venir, ya son dos las infantas de España pero ninguna princesa. Y es que, mientras la Constitución permanezca sin alterar en este particular, la primogenitura de Leonor de Borbón está en entredicho.
La monarquía es querida por la gran mayoría de españoles sin importar ideologías ni procedencias regionales. Esto hace de la institución un firme garante de la unidad de nuestra patria y de la continuidad histórica de la Nación española. Por esto y porque nada sería peor que complicar el futuro acceso al trono de los herederos del príncipe Felipe, los políticos de hoy deben ingeniar el modo de acometer esa reforma, pequeña pero necesaria, que ordene la sucesión al frente de la jefatura del Estado. Se puede efectuar una reforma constitucional controlada, reducida a un solo asunto como este del orden sucesorio en la Corona. Para ello el consenso y el sentido de Estado de los principales partidos son imprescindibles. Les toca estar a la altura de una labor que la Nación les encomienda y que, invariablemente, les demandará si no la llevan a cabo satisfactoriamente.
