¿Es posible, a estas alturas, el acuerdo entre el PSOE y el PP sobre la cuestión de ETA? Es más, ¿puede el gobierno de Zapatero mantener dos negociaciones paralelas con organizaciones que sostienen principios tan distintos como el PP y la banda ETA? Los socialistas no pueden acordar algo con los que defienden el Estado de Derecho y la democracia, que al mismo tiempo sea aceptable para el totalitarismo asesino etarra. Esto es así a no ser que los populares se tapen la nariz democrática y constitucional, o que los terroristas dejen de ser lo que son.
El PP, en esta tesitura, se ha erigido en el defensor del Estado de Derecho, como no podía ser de otra manera. Es una posición coherente, pero al mismo tiempo anómala. Sí; es anómalo que sea el único partido que reclame al Ejecutivo que se respete la ley para hacer política. Esto sólo puede suceder cuando la acción del gobierno es turbia, corrupta o de dudoso encaje constitucional.
El PSOE de Zapatero comenzó su andadura gubernamental afirmando que la Constitución y los Estatutos de Autonomía eran anacrónicos, que la nación española –el sujeto de soberanía– era algo discutido y discutible, y que los principios del Estado de Derecho eran amoldables al interés partidista. Y abanderando el relativismo y el buenismo, los socialistas tomaron como aliados a todos aquellos grupos que venían despreciando al régimen de la Constitución de 1978.
El punto culminante de ese camino emprendido por el PSOE ha sido la negociación con ETA. Los terroristas han visto el campo abierto con la indefinición doctrinal de los socialistas y su hambre de rentabilizar electoralmente "el proceso". Por lo pronto se han fortalecido, ha reaparecido la kale borroka, sigue la extorsión y han robado armas. Además han conseguido que se acepte la idea de que el terrorismo es el resultado de un "conflicto político histórico" cuya solución debe ser extrainstitucional: en una mesa de partidos. Y todo ello sin ceder ni un milímetro.
Así, con un PP en defensa de la Constitución, el socialismo de Zapatero y Blanco, desarmado de lógica constitucional y en manos de una ETA irredenta, se revuelve en insultos y vídeos contra los populares. No satisfecho con esto, culpa al partido de Rajoy de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con ETA. Pero la crítica al enroque constitucional del PP esconde el sueño de un régimen constitucional propio y exclusivo. Porque cada vez es más claro lo que buscan: una sociedad homogénea, cuyos miembros profesen una única fe política, una nueva religión laica: el socialismo ciudadano.
En todo esto, la Constitución de 1978, que permite una amplísima pluralidad de ideas, creencias y costumbres, es una molestia. Lógico. Tan lógico como que sus defensores sean discriminados en la vida política, y responsabilizados de la mala marcha de la negociación con ETA. Pero estamos en la vieja mecánica marxista: lo importante es el objetivo –la paz y el poder–, aunque entre medias queden arrasadas las libertades individuales y el pluralismo.
