La legalización de Batasuna es tan prioritaria para la banda terrorista ETA, pues de ella depende su financiación, como para el Gobierno, que necesita rápidamente un interlocutor legal para atemperar a la bestia cuando declare que la tregua ha terminado. En esta circunstancia trágica, seguramente, la resolución del Tribunal Supremo desestimando la querella criminal interpuesta por Manos Limpias contra quienes se reunieron con Batasuna es, a todas luces, un paso atrás en la lucha contra el terrorismo y en pro de una "posible" legalización del brazo político de los terroristas.
Quien lea la resolución del Tribunal Supremo desestimando la querella criminal contra el presidente del Gobierno y los miembros del Consejo de Ministros por negociar con los dirigentes de una banda terrorista, Batasuna, se sentirá perplejo no tanto porque se limite a valorar que los reunidos con la banda criminal ni desobedecen ni prevarican, sino porque hace caso omiso de las sentencias dictadas por otros compañeros del mismo tribunal que ilegalizaban a Batasuna.
La resolución se concentra en la actuación del Gobierno sin tener en consideración a Batasuna. Hacen como si Batasuna no existiese. Simulan que Batasuna es un ente de ficción. Eso se llama miedo a enfrentarse con la realidad, o peor, aplicar el derecho de acuerdo con el poderoso. La resolución es ajustada a derecho, dirán quienes reducen la justicia a una lógica que pone entre paréntesis el mundo, la historia y la realidad de una banda criminal, Batasuna, que está al margen de la ley. Esa especial manera de no enfrentarse a la realidad "razonando" que en ningún lugar se prohíbe que unos señores hablen, o quizá negocien, con una banda criminal, Batasuna, es una inmoralidad y, seguramente, un razonamiento jurídico perverso. El derecho es un saber contingente, falible y siempre sometido a revisión, pero en manos de estos magistrados se diría que es una manera cobarde de enfrentarse a los problemas.
En cualquier caso, se equivocan los magistrados si creían que la lógica jurídica, un razonamiento contrafáctico de carácter academicista, los resguardaría de la crítica. Al contrario, la resolución es tan meliflua que podría afirmarse que quienes la han firmado son los verdaderos responsables "jurídicos" y políticos –sí, sí, políticos o es que ¿acaso ellos están en el Tribunal Supremo por arte de magia o por seres angelicales?– de abrir una vía para legalizar a quienes otra jurisprudencia había ilegalizado. También ellos dictan autos, o sea, aplican la ley teniendo en cuenta quién es el gobernante de turno. También ellos se dejan someter al relativismo de las circunstancias. También ellos, imitando al Gobierno, han olvidado que hay mucha jurisprudencia, especialmente una Ley de Partidos, que ilegaliza totalmente a Batasuna.
Por lo tanto, la resolución no sólo es criticable desde el sentido común, sino despreciable desde el punto de vista jurídico, moral y político. Si alguien albergara aún alguna duda sobre el particular, consulte las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno. Le faltó tiempo para decir que este auto "abría un camino". ¿Para qué?, dirán ustedes; pues para seguir negociando con ETA, antes que nada, la legalización de Batasuna.
