En pleno debate sobre el agónico proceso de negociación del Gobierno con ETA, la detención de los componentes de una célula islamista en Ceuta pone de manifiesto la persistencia y la gravedad de la amenaza del terrorismo yihadista en nuestro país. España es de hecho, y con gran diferencia, el país europeo en el que se han detectado un mayor número de grupos de este tipo y en el que se han producido un mayor número de detenciones de terroristas potenciales. Sin embargo, la amenaza islamista se encuentra ausente de la agenda política del Gobierno, quizá porque case mal con la pretendida Alianza de Civilizaciones con la que Zapatero pretende poner remedio a todos los males del mundo.
Puede haber una parte de la opinión pública que piense que la precipitada retirada de Irak de nuestras tropas nos inmuniza frente a otro posible 11-M. El propio presidente del Gobierno parece confiar en que su política de apaciguamiento permita evitar nuevos atentados. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Las razones por las que los islamistas consideran a España un objetivo de sus acciones terroristas son mucho más profundas que nuestra mera participación en ninguna operación militar. Pero puestos a buscar excusas, nuestra actual presencia en Afganistán podría ser para ellos un motivo tan bueno como el de Irak para matar inocentes en cualquier ciudad española. La desarticulación de esta célula en Ceuta es una prueba más de que la España de Zapatero es un país prioritario y especialmente vulnerable a los ojos de la yihad internacional.
Junto a esta deficiencia en la percepción de la amenaza, que comparten opinión pública y Gobierno, hay también importantes déficit en nuestra política anti-terrorista. Tras el 11-M el Gobierno se ha limitado a ampliar las plantillas de las unidades especializadas en terrorismo del CNP y la Guardia Civil y a crear un burocrático Centro de Coordinación Antiterrorista que no pasa de ser un mero gabinete de estudios al que los servicios de inteligencia se resisten a dar información sensible.
Por el contrario, no se ha procedido a elaborar una reforma legislativa que permita a las fuerzas de seguridad una acción más eficaz en la lucha contra este nuevo terrorismo. Las fronteras españolas se han convertido en un coladero por el que entran diariamente miles de personas indocumentadas y toneladas de tráficos ilícitos. La relación política con nuestros principales aliados se ha debilitado hasta el punto de convertirse en un lastre para las necesarias relaciones de cooperación entre los servicios de seguridad.
La propia estrategia adoptada por las fuerzas de seguridad españolas para luchar contra este nuevo terrorismo es una declaración de impotencia. Las operaciones se abortan antes de que las células hayan alcanzado un punto de madurez operativa y mucho antes de poder investigar las tramas internacionales que las sustentan. Las detenciones distan además mucho de ser quirúrgicas, deteniendo a muchos sospechosos que deben ser puestos de inmediato en libertad ante la falta de pruebas o evidencias. Pero a pesar de ello, la sensación que impera en los servicios de información es que se controla tan solo una mínima parte de las células islamistas que pueden estar activas en nuestro país.
Es hora de que el Gobierno se tome en serio la amenaza islamista. Rodríguez Zapatero debe abandonar su coqueteo con aquellos países que apadrinan el terrorismo, como Irán o Siria, y fortalecer de inmediato la relación bilateral en materia de seguridad con aquellos países líderes en la lucha contra el terror: Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania. Zapatero debería abandonar además la política de apaciguamiento que simboliza la Alianza de Civilizaciones o su negociación con ETA y volver a una política de lucha si cuartel contra todo tipo de terrorismo. El Gobierno debería además olvidarse de su permanente demagogia sobre Irak y mentalizar a la opinión pública sobre la persistencia y la gravedad de la amenaza que padecemos. Moncloa debería elaborar con urgencia una agenda política y legislativa para neutralizar esta amenaza y poner a trabajar en ella de inmediato a todos los departamentos afectados. Las fuerzas de seguridad deberían elaborar una nueva estrategia de lucha contra el terrorismo yihadista y dotarse de las capacidades humanas, materiales y tecnológicas para poder vencer a esta nueva amenaza existencial para nuestra sociedad y para nuestro sistema democrático.
