El Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero se ha empeñado en sostenella y no enmendalla en lo relativo a las condiciones que la Comisión Nacional de la Energía impuso en su día a E.On para permitirle hacerse con el control de Endesa, en caso de que llegue a triunfar su OPA, que modificó posteriormente como consecuencia de la presión ejercida por la Comisión Europea en contra de ellas. Bruselas siempre criticó estas condiciones porque, a su juicio, atentan contra principios básicos de la Unión Europea, consagrados en el Tratado de Roma, como la libertad de inversiones y de circulación de mercancías, por lo que, a pesar de que las exigencias impuestas por la CNE fueron modificadas, siguió exigiendo información al Ejecutivo al respecto y considerando que todo ello no era más que un cambio de formas pero no de fondo. Ahora, el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, ha contestado que las nuevas condiciones cumplen con la normativa comunitaria, entablando de esta manera un pulso con el colegio de comisarios. ¿Qué hay detrás de la postura del Ejecutivo?
A estas alturas, es difícil pensar que todo ello responda al interés de Zapatero y su equipo de impedir que E.On se quede con Endesa en tanto en cuanto, como recuerda el Gobierno, la eléctrica alemana aceptó las condiciones revisadas. Ni siquiera Gas Natural, con su recusación a la jueza que tiene que entender de las demandas de o contra Endesa, está ya en ese juego. La compañía controlada por La Caixa, más bien, está buscando una solución no tanto digna como aceptable para ella, ante un futuro que se le presenta incierto, habiéndose quedado aislada y con la caja catalana teniendo que desinvertir en su cartera industrial como consecuencia de la nueva normativa de riesgos de las entidades de crédito que está a punto de entrar en vigor. Las razones que llevan al Ejecutivo a persistir en su pulso con la Comisión Europea, teniendo en cuenta que lo puede perder y, entonces, nuestro país sufriría una sanción por parte de la UE, tienen, más bien, otra naturaleza.
La OPA de E.On no es un intento cualquiera de que una empresa extranjera se haga con el control de una española. Eso, hoy por hoy, es algo que está a la orden del día y en una doble dirección: las compañías españolas adquieren empresas en otros países de la UE y las empresas de otros Estados miembros, por los mismos principios, pueden y adquieren compañías españolas. Son las reglas del juego comunitario. Lo que tiene de especial la tentativa de la eléctrica alemana es que el intento de toma de control se lleva a cabo en un sector considerado estratégico y en contra de los deseos del Gobierno. El Ejecutivo, por ello, insiste en que tiene razón en su conflicto con la Comisión Europea, porque de lo que realmente se trata a estas alturas de la historia no es si las dichosas condiciones de la CNE se ajustan o no a la normativa comunitaria, sino en ver hasta dónde llega, o puede llegar, el poder del Ejecutivo sobre la economía.
La normativa comunitaria es muy clara respecto a las libertades económicas básicas consagradas en el Tratado de Roma. Pero una cosa es la letra y otra las excepciones a la misma. La Unión Europea se define como Unión Económica y Monetaria, como si fuera un mercado único de un país y eso implica que los Gobiernos no pueden hacer y deshacer a su gusto, sino que tienen que ajustar sus decisiones a la normativa comunitaria. Zapatero no quiere aceptar este hecho y lo que pretende es poder tener la última palabra en todas aquellas cuestiones que le interesen, diga lo que diga Bruselas o la legislación europea. De eso se trata con la respuesta que ha dado al Ejecutivo comunitario en relación con las condiciones de la CNE, de que el Gobierno pueda hacer lo que quiera y cuando quiera sin interferencias por parte de la UE, aunque vaya en contra de las reglas europeas del juego. Es como pretender tener una patente de corso que le permita a Zapatero saltarse las normas a la torera cómo y cuando quiera, sin tener en cuenta todo lo que la UE aporta a España, porque aquí el que manda es él. Este tipo de actitudes, empero, tiene un recorrido muy corto, sobre todo para un país como el nuestro que depende tanto de su integración con Europa; años de experiencia comunitaria enseñan, además, que acaban por caer por su propio peso. Por desgracia, la caída siempre tiene costes para el país que la experimenta y las posibles sanciones no son, precisamente, los más importantes.
Zapatero debería tomar buena nota de ello porque, de persistir en su actitud, se puede encontrar con que los demás países de la Unión Europea paguen a España con la misma moneda, porque aquí, cuando alguien reclama la patente de corso, se encuentra con que los demás se comportan con él de la misma manera.
