Se le llama "la tragedia de los comunes" al mal uso y robo de recursos naturales, productivos y monetarios que se observa cuando no hay propietarios que los cuiden. Pasa con las playas sucias, bosques que se depredan, elefantes en parques nacionales, jardines públicos, etcétera.
Los bienes de todos no son de nadie, como se aprecia, y es lo que pasa con los fondos públicos, empresas estatales, programas sociales y tantos intentos de hacer el bien con la plata ajena. Piense en las ONG, los millones en educación y salud, y los gastos en empleo, deportes, indígenas, comuna segura, investigación, pequeños agricultores y demás.
No se saca nada con nuevas leyes, superintendencias, agendas de honradez o acuerdos transversales políticos, como el blanqueo de "sobres brujos" del gobierno chileno anterior. No es que seamos corruptos, sino que los activos públicos se manejan con descuido porque no son de nadie, lo que aconseja que el Estado sea chico. El poder corrompe y el grande corrompe absolutamente. Hay que dar más poder, ingresos y libertad a la gente para preservar limpia la democracia, para llegar a ser desarrollados, y para que nuestros hijos aprendan que el progreso decente se hace trabajando, ahorrando y emprendiendo, y no viviendo a costa del resto, a través de un Estado discrecional que hace favores, premia el ocio y fomenta las coimas y la corrupción.
El listado de organismos y programas estatales inútiles es interminable, y nunca se ha sabido de alguno que se cierre. A mí me da vergüenza cuando algunos colegas dicen que es una ley natural el que el gasto público crezca más que el producto nacional.
Los incentivos que genera la propiedad estatal o difusa son perversos y los dineros públicos pueden terminar, de manera natural, en cualquier bolsillo. Es verdad que hay "servidores públicos", pero conviene considerar las modernas teorías que sostienen que los políticos son buscadores de renta, como cualquier persona normal, y que necesitan dinero y votos de grupos de interés, que a veces los "capturan" para que los protejan de la competencia y así ganar más. Los ejemplos de dinero mal habido sobran en estos días.
La gerencia estatal es, además, mala porque obedece a incentivos distorsionados, descuida los costos y las utilidades, y no es infrecuente que haga compras y contratos con amigos, parientes y los compañeros del partido.
Por último, los reguladores son personas iguales a uno y se equivocan al fijar tarifas y cuotas. Son manipulables y, además, nos cuestan caro. ¿O no sabía que se les paga con sus impuestos?
Nada de esto se arregla subiendo todavía más los sueldos de funcionarios, políticos, ministros y parlamentarios. Tampoco se soluciona con acuerdos transversales de repartija, ni con reformas del Estado que no consideren el cierre de los programas y organismos malos, y una evaluación de verdad, año a año, de las leyes y reparticiones públicas. Lo que más molesta, dice el tango, es que a uno lo crean tonto. Es lo que me pasa cuando oigo hablar de reformas que hacen crecer el Estado, con nuevas superintendencias y ministerios, regulaciones, inspectores, dinero para partidos y candidatos y nada, pero nada, de reducciones del tamaño y discrecionalidad del Estado.
¡Compañero! Que quede claro: la reforma verdadera es reducir el gasto público y los tributos en un 20 por ciento, instrumentar un impuesto sobre la renta de tasa única (flat tax), no tener más de siete ministerios, federalismo y acabar con las reelecciones y gastos reservados. Esto, para empezar a conversar.
