Fomento convierte Air Madrid en una línea de alto coste
Por llegar tarde, el Gobierno incluso ha llegado tarde a la suspensión de la licencia de operaciones de Air Madrid: la aerolínea ya había anunciado que deja de operar
La intervención en Air Madrid está siendo fiel a la pauta de improvisación y arbitrariedad característica de las respuestas de este Gobierno a las situaciones de emergencia.
Los fallos en el servicio no son una novedad para los clientes, que sufren desde hace tiempo la impuntualidad y el mal estado de las cabinas de algunos de los aviones de esta aerolínea de bajo coste. Del grave deterioro de las condiciones de confort y seguridad en las que han venido volando, dan fe las imágenes de asientos desvencijados o máscaras de oxígeno colgando del techo, grabadas por los propios viajeros y difundidas en noticiarios de televisión o a través de la Red. No inspiran, en efecto, la necesaria confianza en el siempre crítico servicio de volar. Deparan una estampa más propia de las temerarias expediciones aéreas tercermundistas que de una aerolínea sometida a las estrictas garantías de un país de la Unión Europea.
La oferta de vuelos de bajo coste no tiene por qué ser –y, de hecho, no es– sinónimo de impuntualidad, inseguridad e incomodidad a la hora de viajar. El éxito de prestigiosas marcas que operan en este segmento demuestra que es posible ofrecer un buen servicio y precios bajos. La expansión y la competitividad de este mercado ha contribuido a una explosión de la demanda que permite a más usuarios que nunca subir a un avión por placer o por necesidad. Entre los clientes de Air Madrid, abundan familias de inmigrantes iberoamericanos y de Europa del Este que, en no pocos casos, confiaron a una fraudulenta promesa de servicio a bajo coste, ahorros que les iban a permitir reencontrarse con sus familias en estas fechas navideñas.
Hasta aquí, la responsabilidad de la compañía; directa y grave, sin duda, pero no nueva para los usuarios que han estado volando a duras penas o reclamando sin éxito, por incumplimientos flagrantes del contrato de vuelo, el importe que habían pagado por volar. Todo ello, bajo la supuesta protección de sus derechos de consumidores por un sistema implacablemente intervencionista frente a la entrada de nuevos operadores aeronáuticos. Se esperaba, de un sistema así, que velase por los usuarios cuando sus contratos eran flagrantemente vulnerados por una aerolínea negligente o, quizá, algo peor que negligente.
Sólo el Ministerio de Fomento, responsable de esa decisiva supervisión, parece haber descubierto a última hora la larga crisis de la aerolínea. Sólo cuando la situación explotó en motines ante los mostradores de facturación, la Administración aeroportuaria se ha decidido a intervenir. Por llegar tarde, incluso ha llegado tarde a la suspensión de la licencia de operaciones de Air Madrid: la aerolínea ya había anunciado que deja de operar. Como ya ocurriera el pasado verano durante el colapso del aeropuerto de El Prat por la ocupación de la pista por piquetes sindicales de Iberia, el Gobierno socialista ha vuelto a actuar por el estallido de desórdenes público, en vez de impelido, como es su obligación, por la prevención y la garantía de cumplimiento de los contratos de una aerolínea manifiestamente incumplidora con sus clientes. En este caso, el Gobierno ha trazado otro de sus planes de emergencia –como en Galicia bajo los incendios forestales de este verano, como en Canarias frente a la avalancha de pateras,...– que nada resuelven ni a nadie satisfacen. Hay unos 130.000 viajeros abandonados por Air Madrid en ciudades de Iberoamérica y Europa del Este, a los que el Gobierno obliga a regresar antes del 21 de diciembre si quieren acogerse al plan de recolocaciones y vuelos especiales fletados por el Ministerio.
Muchas de esas personas –si no la mayoría– habían planeado pasar la navidad en sus hogares de origen, junto a sus seres queridos. El Gobierno no sólo ha llegado tarde para evitar que fueran defraudados por una aerolínea incapaz de cumplir sus compromisos, sino que pretende despachar la variada casuística humana y familiar de cientos de miles de personas con fletes leoninos que les devuelven a España sin haber cumplido el propósito del reencuentro que llevó a muchos de ellos a invertir los ahorros de varios meses en sus billetes de avión. ¿Los habría tratado igual este Gobierno [el mismo que presume de acoger "con la cabeza y con el corazón", al decir de Zapatero] si no hubieran sido inmigrantes? Para la ministra Magdalena Álvarez, estos casos no forman parte de la burocrática definición de "prioridad" de su plan de emergencia; otro más del Gobierno contra su propia imprevisión, que los contribuyentes volverán a pagar y los consumidores, a sufrir.
