María Antonia Trujillo, el ministro peor valorado del Gobierno socialista, ha logrado rizar el rizo en su odio a la propiedad privada y al libre mercado. Todo el mundo sabe que Trujillo no es precisamente una activista liberal y que, si bien es cierto que parece ser amante del libertinaje y la arbitrariedad política, el respeto de la propiedad y la libertad individual le traen sin cuidado. El último botón de muestra es su justificación de la inacción del gobierno catalán ante los usurpadores de inmuebles que se hacen llamar okupas. Su razonamiento, propio de una fanática seguidora de Proudhon, es que la okupación "es otro estilo de vida".
El sector del urbanismo es, desde la ley de 1956, lo más parecido que pueda encontrarse a una economía soviética. El intervencionismo extremo en este campo ha logrado que la especulación política y la corrupción sean el pan nuestro del cada día. Tampoco se le escapa a nadie que los precios de la vivienda están artificialmente inflados por la regulación estalinista que ha vuelto artificialmente escaso el suelo disponible, las cesiones forzosas a los ayuntamientos, los impuestos en concepto de plusvalía y un sinfín de intervenciones que no dejan ni asomar al mercado libre. Pues bien, para Trujillo y su equipo "está claro que el libre mercado ha creado un desequilibrio muy fuerte" y es el responsable del actual ritmo constructor y de todos estos males.
Su rechazo de la propiedad privada y del mercado es tan evidente que resulta intrigante por qué está tratando últimamente de enmascarar su incendiaria y okupadora ley del suelo con un barniz liberal. El texto de la ley no deja lugar a dudas: se cambia el sistema de valoraciones para poder expropiar a precios de risa, se incorpora una reserva mínima del 25% de la edificabilidad para viviendas protegidas que presionará los precios de mercado al alza, se aumenta (del 10% al 20%) el porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria que ayudará a una mayor subida artificial de los precios, se permitirá a todo ciudadano opinar sobre el destino de la propiedad ajena y se acepta el nauseabundo agente urbanizador del PP (una figura con derecho a suplantar al propietario a la hora de realizar una actuación urbanística), dejando abierta la puerta a la expansión de esta nueva okupación legal al sector de la edificación. Intervencionismo en dosis de caballo que exacerbarán la especulación política y la corrupción de quienes la ejercen.
A pesar de toda esta artillería contra la libertad y la propiedad, la ministra ha declarado que su nueva ley "protege la propiedad privada y la libre empresa". La desvergüenza de esta señora no tiene límites conocidos. ¿Cómo puede compaginarse el filocomunismo de la ley Trujillo con esta presentación liberal que le dedica la ministra? Pues porque ni corta ni perezosa añade: "siempre que sirvan al interés general", un interés que parece confundir con el suyo y el de su ideología liberticida. Y es que para truquillos lingüísticos, nadie mejor que la ministra de Okupación para quien el incremento de intromisión estatal en el sector "no supone intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad". Si quedase alguien con un mínimo de cordura en este Gobierno, mandarían a desalojar a Trujillo del ministerio.
