El juez más pagado de sí mismo de toda la judicatura española ha decidido renegar de uno de los sumarios más voluminosos jamás instruidos en nuestro país, el 18/98, cuyo juicio se sigue celebrando estos días. En él, y gracias a la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Garzón establecía la unidad entre las distintas ramas de la organización terrorista –ETA, Batasuna, Jarrai, etc.– en lo que la propia banda denominaba en sus documentos los diferentes frentes "militar, político, obrero y cultural". Es esa investigación la que ha permitido, entre otras cosas, que el Supremo condenara recientemente a los terroristas juveniles como eso, terroristas.
De ahí hemos pasado a la tesis de que "criminalizar a la izquierda abertzale por el sólo hecho de decir que son Batasuna y ETA es una reducción simplista no ajustada a la realidad y, en todo caso, sin justificación probatoria". De modo que hay que tirar a la basura todos los autos previos de Garzón para evitar a toda costa un nuevo golpe al proceso de rendición, después del dictamen del Supremo y de la negativa de la Audiencia Nacional a liberar a De Juana Chaos. Garzón se muestra una vez más presto en la ayuda a Zapatero, como demostró al intentar retorcer el caso de la falsificación de un informe del 11-M, del que exoneró a los culpables para culpar a los inocentes hasta que su incompetencia –en este caso jurisdiccional– le obligó a dejar el caso.
Como ha declarado Javier Gómez de Liaño en Libertad Digital TV, Garzón ha empleado en su auto una "frase política" cuando en un auto debería limitarse a emplear "frases jurídicas". Pepiño podrá acusar de las mayores maldades imaginables a la "derecha más extrema" pero no puede presentar una querella ni un juez dictar un auto en la que aparezca tan difuso concepto: deberá emplear nombres concretos de personas y organizaciones concretas. El partido de Madrazo, por ejemplo, podría considerarse incluido dentro de esa difusa "izquierda abertzale". Así es como se las gasta el fino jurista para justificar lo injustificable.
Y es que cada vez se hace más difícil encontrar una sola razón por la que Garzón deba permanecer en la judicatura. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 395 la prohibición de que los jueces "dirijan a los poderes felicitaciones o censuras por sus actos". Si el CGPJ cumpliera con su función de "gobierno de los jueces", Garzón hace tiempo que no ejercería la profesión que deshonra con sus actos. No sólo criticó agriamente a Aznar por la guerra de Irak en un artículo en El País –incluso llegó a abandonar su guardia en el juzgado para acudir a una manifestación–, sino que ha esparcido incienso sobre Zapatero con motivo del proceso de rendición como para que el olor escamara incluso al vocal con menos olfato del Consejo.
Está claro que Garzón ha ensuciado su toga con el polvo del camino para ayudar a Zapatero en su proceso de paz cuya naturaleza como proceso de rendición del Estado de Derecho frente a los terroristas se hace cada vez más difícil de esconder con decisiones como ésta. El mismo juez que dictaminó que ETA y Batasuna son lo mismo se desdice para que Otegi, ese "hombre de paz", no pase esta noche en la cárcel, aunque no sería de extrañar que tuviera que hacerlo en breve. Como si eso garantizara que la parte de la banda que pone las bombas no vaya a hacerlo de nuevo. Ya hemos visto qué concepto de "alto el fuego" tienen.
