La oferta de Gas Natural siempre fue bastante poco atractiva económicamente y fundaba sus posibilidades de éxito en que el consejo de administración de la eléctrica bajara los brazos en cuanto tuviera noticia del padrinazgo del Gobierno con el que contaba la OPA. Desde el momento en que Pizarro se enrocó en la defensa de sus trabajadores y sus accionistas, la operación estuvo condenada. Todo lo que ha sucedido desde entonces se debe no tanto a la esperanza de los propietarios de la gasista de llevarse el gato al agua como del empecinamiento del presidente del Gobierno por evitar "como sea" una derrota pública.
Que Gas Natural proteste por que Endesa haya tratado mejor a la oferta amistosa de E.On de 27,5 euros por acción (y que llegará como poco a los 34,5) que a la suya de 21,30 euros (el 65,5% en acciones de Gas Natural) no puede sino provocar una sonrisa. Pero que encima se queje de que "el regulador" (es decir, el Gobierno) le ha puesto más dificultades que a E.On lleva a la más sonora de las carcajadas. Zapatero y Montilla hicieron un decreto ad hoc para frenar la OPA de la alemana ampliando los poderes del "regulador" (comandado por una fiel apparatchik del PSC), mientras hacían caso omiso del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, que recomendaba prohibir la operación. Por tanto, las razones aducidas por Gas Natural al reconocer el fracaso de su intento por adquirir Endesa son, y nunca mejor dicho, excusas de mal pagador.
Pero, con todo, quien peor parado sale tras todo lo sucedido durante este año y cuatro meses de despropósitos es el Gobierno español, que se ha enfrentado con Bruselas para nada, y que ahora ve cómo una empresa extranjera tiene todas las papeletas para quedarse con la primera eléctrica española. Algo que sólo el tiempo dirá si es beneficioso o perjudicial para los consumidores, que son los únicos por los que debería haber velado el Gobierno en todo este asunto y han sido los grandes olvidados.
Zapatero se reunió en secreto en Moncloa con Durao Barroso y hace casi un año en casa del presidente de La Caixa con varios empresarios para velar por los intereses de Gas Natural, que eran un reflejo de lo firmado en el pacto del Tinell, no para procurar que los consumidores no se vieran afectados negativamente por una operación que hubiera hecho disminuir el número de empresas eléctricas y, por tanto, reducido la competencia. Que el PSOE aduzca ahora que el PP "politizó" la OPA, después de haber cobrado 1.000 millones de pesetas de una de las partes involucradas, asombra por su desvergüenza.
Desgraciadamente, los estados se han otorgado a sí mismos una enorme capacidad de influir en sectores como el eléctrico. Cuando las tarifas están dictadas por los políticos, entre otros muchos aspectos del negocio, el Poder Ejecutivo tiene una desproporcionada capacidad de presión sobre las empresas del ramo. Desde esa posición tienen armas más que de sobra para amenazar a quien no se someta a sus designios. Es de agradecer que Endesa no se haya achantado y haya buscado una oferta que pagara a los accionistas lo que realmente vale su empresa.
