Los asesinatos del 30-D mostraron a los estrategas socialistas que había llegado el momento de abandonar la primera vía del "proceso de paz", la que sentaba en la mesa de negociación a ETA-Batasuna y al Gobierno Zapatero. La rentabilidad electoral no sería posible después de los "graves accidentes mortales". Menos aún tras el ridículo en que el presidente había quedado al decir, el 29, que el año siguiente estaríamos "mejor". Era preciso optar por una vía alternativa.
La nueva vía, el plan B, consiste en añadir al PNV como interlocutor ante ETA-Batasuna, y presentar a los jueces como un poder opuesto a la verdadera voluntad de los ciudadanos: la paz. El Gobierno Zapatero queda así en un calculado segundo plano al no presentarse el proceso ya como la negociación con una banda terrorista, sino como el apoyo a las instituciones vascas en la búsqueda de la paz. De esta manera, si dicho proceso tiene éxito, ZP se presentará como su gran impulsor, y si fracasa no será el culpable.
Junto a la responsabilidad diluida, corre paralela en el plan B la descalificación de la justicia. Hay una buena, la que atiende a lo que Conde Pumpido llamó "nueva realidad social", y otra, la mala, la manejada por la derecha, que es, curiosamente, la que aplica la ley. La idea es que el poder judicial se opone a la voluntad popular no facilitando el cumplimiento del deseo generalizado de paz. Así, hemos podido ver cómo un representante del Estado, porque el lehendakari lo es, que ha jurado guardar y hacer guardar las leyes, dice que él está por encima de la ley porque ha de cumplir con la voluntad de su pueblo. No; no es Hugo Chávez, es Ibarretxe.
La otra parte del plan B es lanzar la calle contra las instituciones que se oponen al dictado del poder, un dictado definido como un "fin noble". Pero así es la vieja tradición de la izquierda leninista, tan de moda en los últimos años en Hispanoamérica, y que hemos podido ver en Ecuador esta semana. Consiste en doblegar la ley y las instituciones democráticas invocando la voluntad popular, cuya presunta unanimidad se muestra en manifestaciones callejeras.
El socialismo zapaterino, entonces, no puede hacer otra cosa más que aplaudir las reuniones del PNV con ETA-Batasuna y las manifestaciones contra los jueces. Y no duda en criticar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que no entiende que no se puede aplicar la ley cuando, según Blanco, se "persigue un fin noble".
En fin. Atentos, porque gobernantes arropados en la fuerza de la calle, que cuestionaran el Estado de Derecho, y desobedecieran pública y descaradamente la ley en aras a la consecución de "altos y nobles objetivos", los creíamos extintos en Europa tras la experiencia de la época de entreguerras. Sí; aquel tiempo en que democracia y libertad eran conceptos a los que se añadían adjetivos que los pervertían, y la paz una coartada.
