Una sensación de inseguridad recorre la vida ciudadana. Hasta los socialistas más sectarios miran con desasosiego el disparate político a que nos ha llevado un presidente de Gobierno que aplaude las críticas totalitarias de Ibarretxe a los tribunales de justicia, fomenta la negociación con los criminales de ETA, incluso después del atentado criminal de Barajas, y aplaude a la nación catalana frente a España. ¿Cómo reaccionará la sociedad española ante este, por utilizar una palabra suave, desbarajuste? En general, buscará sosiego y comportamientos políticos coherentes y limpios. Buscará, como dicen los teóricos de la democracia, auto-limitación, prudencia, en el ejercicio del poder del Gobierno, de los mesogobiernos regionales e, incluso, de la oposición.
El Gobierno, sin embargo, nada de eso puede ofrecerle a la sociedad civil. Si pudiera, ya habría convocado elecciones generales anticipadas. Su política de "vanguardia" dialógica con el terrorismo por un lado, y de pacto permanente con los nacionalismos por otro, lo catapulta hacia una carrera desesperada de ocupación de todos los espacios políticos para sacar de la cancha al PP. El Gobierno ya no puede dar marcha atrás. Su política de ocupación de ámbitos políticos que no le corresponden ya no es una pasión sino una necesidad. Necesita el poder, en realidad, ocupar todos los poderes, con la misma dependencia que el adicto busca la droga. Por fortuna, no todos estamos perdidos en la misma noche como creía el Gobierno a finales del año pasado.
El Gobierno comete una equivocación constante desde el día 30 de diciembre de 2006. Ha creído que las reglas del juego ya habían cambiado sin que la gente se enterase. Por eso Zapatero pensó que el atentado de Barajas era solo un incidente, un asunto menor, algo amortizado en el devenir político de un "Estado plurinacional", casi confederado, donde el terrorista había alcanzado ya un estatus político. El personal tragaría. Falso. Se equivocó. La sociedad civil sabía lo que estaba pasando. Lo malo es que el Gobierno ya no puede volver atrás. Su camino político está marcado por la agitación, la movilización y "el guerra-civilismo". El Gobierno quiere todo el poder para él, mientras que la sociedad española más desarrollada quiere división de poderes. Es el gran obstáculo de Zapatero, que ya no podrá vencerlo con palabrería. Nadie lo cree. Zapatero y su gente tropezarán permanentemente con el tejido más democrático de la sociedad española.
Pero, nadie se engañe, no cederán; por el contrario, ya han decidido el camino que no será otro que el venezolano: agitación en los medios, movilización permanente de su gente y, sobre todo, ocupación de todos los espacios de poder haciéndonos creer, reitero, que las reglas de juego de la democracia constitucional han desaparecido. Por suerte, en este último punto, es donde la sociedad española o, al menos, la más preparada dirá no. Las reglas constitucionales siguen vigentes y las defenderá con uñas y dientes. La sociedad civil, que está inquieta y más preocupada hoy que al final del trecenario de Felipe González, aún tiene referentes políticos fijos y estables. Quiere garantías para mantener sus libertades democráticas. Busca agentes políticos que defiendan la nación, la igualdad ante la ley y, sobre todo, busca un poco de sentido común.
Esa parte de la sociedad civil es amplia, respetable y tiene muy claro que no cederá lo más mínimo a la demagogia de políticos oportunistas, que están al borde del abismo por haber puesto a prueba un pasado falso y un futuro que nunca existirá. Es la sociedad española que estará en la calle el sábado convocada por el Foro de Ermua y acompañada por la oposición. No es poco.
