El Gobierno tripartito de Cataluña gastó en sus primeros dos años de mandato más de 80 millones de euros en informes y estudios. Así lo denuncié a inicios del año 2005, después de seis largos meses de investigación parlamentaria. Entre los informes encargados a expertos para elaborar el anteproyecto de nuevo Estatuto encontré uno de 6.000 euros encargado al magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps.
Ahora, dos años después, el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido apartar a este magistrado de la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Los nacionalistas y el PSOE ya han criticado la decisión del Tribunal y han señalado que se trata de una decisión "partidista, injusta y desproporcionada". Hoy, desde la izquierda ya se habla de las mayorías conservadoras y plantea abiertamente la posibilidad de que Pérez Tremps dimita para "salvar" el Estatuto. Al PSOE y a los nacionalistas catalanes no les interesa la ley. Sólo quieren que este Estatuto salga adelante "como sea".
La decisión del Tribunal Constitucional da la razón al PP, que planteó la recusación en defensa de la ley y del Estado de Derecho. Nadie en el Partido Popular ha puesto en entredicho la capacidad, profesionalidad y valía del magistrado Pérez Tremps para seguir formando parte del Tribunal Constitucional. Nadie en el PP le ha pedido que dimita. Son los socios de Zapatero los que están reclamando al Gobierno que le cese y lo sustituya de manera inmediata. Todo vale para conseguir sus objetivos políticos, incluso forzar la dimisión de un magistrado del Constitucional para colocar a otro que haga lo que le pida el Gobierno. No me parece serio.
El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que será recusado quién "haya emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado". Más claro, agua. Pérez Tremps puede y debe seguir formando parte del Tribunal Constitucional para continuar trabajando, como el resto de magistrados, en todos aquellos asuntos sobre los que no haya emitido dictamen.
