El 31 de enero comenzó formalmente en Venezuela la primera dictadura que se instaura en el continente americano en el siglo XXI.
El Parlamento venezolano, sin discusión o análisis de ningún tipo y por unanimidad, aprobó la Ley "madre" Habilitante solicitada por el presidente Hugo Chávez hace apenas 23 días. Con ello, el presidente Chávez tendrá poderes absolutos por 18 meses para legislar a su antojo sobre 11 ámbitos de acción, que van desde lo institucional, la participación popular, lo económico y social, así como la infraestructura, transporte, servicios, lo energético, la defensa y seguridad del Estado, hasta la ordenación territorial. Nada escapará del dedo legislador del presidente, quien quiere además tener una reelección infinita y ejercer "sin intermediación" el poder sobre las comunidades.
Mirando en retrospectiva, las leyes habilitantes otorgadas a otros presidentes de Venezuela, en su mayoría fueron invocadas en momentos cuando el país atravesaba evidentes crisis económicas y todas fueron aprobadas por brevísimo tiempo, cubriendo áreas muy específicas, generalmente circunscritas al ámbito económico.
Sin embargo, en 2001 el presidente Chávez rompió la regla y durante un año legisló con poderes especiales, creando unas 49 leyes, en su mayoría aprobadas apresuradamente a los 11 meses y 28 días de haber sido habilitado por el Poder Legislativo.
Analizando esos poderes habilitantes otorgados a lo largo de la historia del país, es claro que se hubiese servido mejor a la democracia y a la nación si las leyes aprobadas hubiesen sido discutidas, analizadas, mejoradas y aprobadas por el Poder Legislativo, en lugar de haber sido decretadas por el presidente de turno. Por ejemplo, los poderes especiales dados a Hugo Chávez en 2001 constituyeron una clara práctica antidemocrática. Pero aún más dictatoriales son los otorgados este 31 de enero de 2007.
Para tener una idea de lo grave de la situación basta recordar las palabras en la Asamblea Nacional del muy "democrático" Jorge Rodríguez, ex presidente del Consejo Nacional Electoral y actual vicepresidente ejecutivo de Venezuela, al aseverar: "Claro que queremos instaurar una dictadura, la dictadura de la democracia verdadera, y la democracia es la dictadura de todos."
A pesar de la grave situación, esta vez el gobierno no podrá acusar a la prensa nacional de no ser "objetiva". Los titulares de los medios escritos reseñaron "cautelosamente" lo acontecido en Venezuela, sólo escapan de esta cautela informativa uno que otro editorial o columna de opinión. En los medios de la capital, por ejemplo, uno informó que "Chávez recibió poderes para legislar en 11 temas", como si de algo normal se tratara. Otro afirmó que "el Gobierno empaquetará las leyes en dos tandas" y alguno ironizó y describió un "superchávez habilitado". El más atrevido sostuvo que la "Asamblea Nacional delegó poderes en Chávez".
Como se ve, no fue publicado en Venezuela nada fuera de lo común, que pudiera alarmar al ciudadano, alertarlo e informarle que, con esta sin igual "delegación de poderes" legislativos, Venezuela ha ingresado a la camarilla de dictaduras que ha existido en América Latina en los últimos dos siglos.
