Pocas noticias se nos antojan más negativas para la imparcialidad de la administración de justicia que el nombramiento de Mariano Fernández Bermejo como nuevo ministro de Justicia. El que fuera definido por Luis Roldán como "militante del partido y persona de gran confianza" posee un perfil sectario y politizado. Si a esto le unimos el poco respeto que ha demostrado por el imperio de la ley, esta designación es una grave amenaza para los principios sobre los que se asienta la Constitución Española.
Durante sus once años como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Fernández Bermejo protagonizó algunos de los comportamientos más escandalosos que se recuerdan en la tristemente desacreditada Justicia española. Basta recordar los inopinados e improcedentes pronunciamientos en contra del Gobierno de José María Aznar, más propios de un político en campaña que de alguien cuya función es velar por la independencia de los tribunales. Así, su célebre "soy de izquierdas y como tal actúo" constituyó una afrenta inaceptable a los ciudadanos y al interés público.
Por si no fuera poco, el ex fiscal fue frecuente objeto de polémica por acciones que como mínimo podríamos calificar de oscuras. Entre otras, la filtración a El País de una supuesta sentencia condenatoria a Pablo Zúñiga, a la sazón alcalde de Alcorcón por el Partido Popular, y el enfrentamiento con el ministro de Justicia José María Michavila, quien acusó a Fernández Bermejo de rebeldía, asunto que le valió al popular una querella de la que fue absuelto.
Tras la victoria socialista del 14 de marzo, Fernández Bermejo fue ascendido por Conde Pumpido a fiscal jefe de lo Contencioso Administrativo del Supremo a pesar de no haber obtenido el apoyo del Consejo Fiscal. Una polémica decisión que inauguró una serie de maniobras nocivas para los principios que deben regir la actuación del Ministerio Fiscal.
Fernández Bermejo, un personaje rojo y sombrío cuya incorporación al Gobierno de Zapatero no deja de ser coherente con el afán socialista por socavar el principio de separación de poderes. Un nuevo entierro de Mostesquieu de ominosas consecuencias para la democracia española.
