Ante la escandalosa sentencia del Tribunal Supremo que reduce de doce a tres años la pena por amenazas del sanguinario etarra José Ignacio de Juana Chaos, lo primero que queremos hacer es transmitir nuestra solidaridad a todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Si a todas ellas, como a la inmensa mayoría de los españoles, les debió resultar indigerible que, en virtud del antiguo código penal de 1973, De Juana Chaos pasara menos años en la cárcel que el número de personas a las que había asesinado, la injusta reducción de la pena por las amenazas que este irredento criminal ha perpetrado desde la cárcel, vuelve a ser un motivo de desesperación ante el mal estado de nuestra Justicia.
Aunque sea obligado su acatamiento, nosotros queremos ejercer, no ya nuestro derecho, sino nuestro deber de discrepancia ante una bochornosa resolución que no ha considerado en su justa gravedad las amenazas que ha perpetrado, no ya un mero delincuente en prisión, sino un irredento miembro de una organización terrorista. No tienen la misma gravedad las amenazas que pueda hacer un delincuente a título personal contra un juez o contra trabajadores de instituciones penitenciarias, que la que pueda perpetrar un dirigente etarra como De Juana, al que le respaldan, además de su historial, decenas de pistoleros que siguen en tan injusta libertad como la que pronto él mismo pueda disfrutar.
El problema está en el cambalache que esos criminales prófugos de la justicia comparten con un Gobierno que, como el de Zapatero, disfraza de "paz" la cesión a sus exigencias. El problema está en un Gobierno que, tras el comunicado de reivindicación del atentado de Barajas en el que ETA reprocha al Ejecutivo "la crueldad sin límites mostrada por el fiscal en el juicio contra Iñaki de Juana", pasa a reclamar la impunidad del preso, presionando primero a favor de su chantajista huelga de hambre y después a favor del recurso etarra ante el Tribunal Supremo. Todo ello a favor de una pronta puesta en libertad, que ni constituía un gesto humanitario, ni constituye ahora un acto de justicia: Tan sólo un gesto, un infame gesto más, para ganar tiempo intentando contentar a quienes abiertamente aspiran a conseguir todo aquello por lo que han matado.
Si bochornosa ha sido la presión del gobierno y su servil fiscalía, no menos vergonzosa ha sido la campaña de sus medios de comunicación, empezando por el diario El País, que este fin de semana se ha dedicado a maquillar la imagen de este irredento criminal. Eso, por no hablar de la incompetencia –cuando no complicidad– de unas ordenes que, tal y como ha denunciado la Confederación Española de Policía, impedían los cacheos en el privilegiado régimen de visitas que gozaba el preso en el hospital. Eso ha permitido al sanguinario terrorista hacer declaraciones a medios extranjeros que, si bien podrían ser constitutivas de un nuevo delito de apología del terrorismo, sólo trataban de buscar adeptos a su causa.
En cuanto a los dirigentes del PP, esperemos que ningún complejo les haga caer en la trampa "políticamente correcta" de tratar con el mismo rasero resoluciones judiciales de muy desigual acierto. El problema no está en la crítica o en el respaldo de los políticos a determinadas resoluciones judiciales –sean estas del TSJPV, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional–, sino a qué tipo de sentencias, dentro de su obligado acatamiento, muestran su agrado o disconformidad. Valorar de la misma forma cualquier resolución judicial, con independencia de su naturaleza, sería caer en un nihilismo político y un positivismo jurídico que nada tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho.
Si el Gobierno de Zapatero se retrata cada vez que se desmarca de todas las encomiables sentencias que han contrariado a los nacionalistas o a sus criminales compañeros de viaje, esperemos que el PP tenga la dignidad de mostrar su rotunda disconformidad ante las criticables sentencias que, como la que nos ocupa, los satisfacen.
En cualquier caso, y al margen de la satisfacción y el alivio con la que ETA y el Gobierno del 14-M hayan recibido la noticia, advirtamos una vez más de la ofensiva del mal llamado "proceso de paz" contra el Estado de Derecho. Advertimos de ella antes del comunicado del "alto el fuego", y lo seguimos haciendo después del atentado de Barajas.
