Le faltó el martes tiempo a Fernández Bermejo para declarar sus objetivos en la toma de posesión como Ministro de Justicia. ¿Por qué tan pronto, contra todo protocolo y prudencia, se convierte en el centro de la bronca? ¿Para desviar la atención de la progresiva rendición al terrorismo? ¿O para darle un respiro de pan para hoy y hambre para mañana al trastabillante Zapatero?
Su amenazante salida al campo de juego político, que no jurídico, nada contribuye a relajar la enorme tensión existente. Nada que ver con la tranquilidad que un ministro de Justicia debe transmitir a la ciudadanía respetando el Estado de Derecho que se funda en la independencia de los jueces. Bermejo al menos fue claro y directo.
Su diana preferente fue el poder judicial. "Los jueces y magistrados –dijo– necesitan con urgencia que el CGPJ recupere la legitimidad de la que hoy carece". Todo porque se retrasa el nombramiento de nuevos vocales y de presidente que al mismo tiempo lo es del Tribunal Supremo. ¿Es que hay otro camino lícito que el de acordarlo por consenso con el primer partido de la oposición visto el quórum exigible tras la reforma socialista de su ley orgánica? ¿O es que el Gobierno se propone tomar al asalto el órgano que gobierna el poder judicial? ¡Y que viva Montesquieu! Como bien le respondió su portavoz "en democracia lo que es legal es legítimo", y el Consejo está actuando "con legalidad y legitimidad". Sabido es y lo sabrá Bermejo que dicha ley orgánica obliga a prorrogar funciones a los actuales vocales mientras no haya acuerdo para reemplazarlos.
Cuando a tal fin parecía ya próximo un acuerdo viene Bermejo y lo desbarata con sus dardos. ¿Qué pretenden los que manejan los hilos? Hoy el Consejo está en "empate técnico" entre los malamente denominados vocales conservadores y progresistas, de modo que decide el voto del presidente Hernando. Y no habrá jubilaciones en un año. ¿Pretenden aburrirlos para que se marchen? ¿O atemorizarlos?
Preferible sería que ambos partidos –que nos tienen más que hartos a los ciudadanos– regresaran en este punto a la Constitución, devolviendo a los jueces la facultad desposeída en la ley orgánica de 1987 –reinando Felipe González– de elegir de modo directo doce de los veinte vocales del Consejo. De este modo se erradicaría la política de lo judicial y salvaría la independencia de lo único sano que queda en España.
El segundo objetivo básico en el discurso de Bermejo fue la oposición. ¿A que viene recordar que los populares siguen sin aceptar la derrota electoral del 11-M? ¿O será un lapsus de ganador con trampa? Como el bisoño ministro ya era conocido por su aversión a los populares a nadie sorprende este inaugural enfrentamiento. Lo irresponsable es que Zapatero lo haya elegido a sabiendas y en tiempo electoral. ¿Veremos televisado en vivo el camino a la cárcel de constructores inmobiliarios afines al partido de la oposición, y si son alcaldes mejor? A siete de cada diez españoles recién encuestados nos alegraría que los fiscales combatan la corrupción generalizada siempre que repartan suerte con los "corrutos" del PSOE.
Y como justificándose apuntilló: "Se empeñan en someter a la jurisdicción lo que es el ámbito político". Cierto que todo se judicializa pero tiene un porqué. ¿Habría tanto conflicto judicial, y cientos de recursos –muchos con sentencia estimatoria– ante el Tribunal Constitucional si los Abogados del Estado, los Letrados de Cortes u otros variopintos asesores jurídicos advirtieran en sus preceptivos informes de las infracciones a la Constitución y a las leyes contenidas en normas y decisiones del Gobierno y la Administración?
Aumentaría también la seguridad jurídica y se reduciría la inconveniente judicialización si los fiscales, en vez de cumplir a rajatabla las ordenes e instrucciones de sus superiores contrarias a las leyes, las objetaran en la forma razonada que prevé el artículo 27 de su Estatuto. Como Jesús Alonso, que solicitó pena de 96 años de cárcel para De Juana y se negó a rebajarla siendo sustituido horas antes del juicio. O la Asociación de Fiscales que lejos del relativista "estilo Pumpido" –la toga en el polvo del camino– califica de fraude de ley promocionar la dimisión y relevo "proestatut" del recusado magistrado Tremps.
Este relevo parece el empeño inmediato de Bermejo. De un nuevo magistrado adicto pudiera depender la subsistencia total o parcial no sólo del estatut sino de toda la obra de Zapatero en este trienio negro; entre otras las recurridas leyes de matrimonios y adopciones gays, parejas de hecho, violencia de género, paridad y educación.
¿Y que decir de los objetivos concretos de Bermejo conexos al llamado "proceso de paz"? Pinchará en hueso si los Pumpido no instan de oficio a la Sala 61 del Tribunal Supremo –conforme al artículo 11 de la Ley de Partidos Políticos– la declaración de ilegalidad de la "marca blanca" que se espera presente Batasuna a las elecciones de mayo. Y ello porque los diputados del PP pueden legalmente obligar al Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización.
Rectifique pues Bermejo el rumbo de su nuevo cometido; no sea que una toma de posesión calificada de sainete pueda terminar en drama para España.
