Siempre es interesante que alguien se dedique a hacer informes comparativos a nivel internacional sobre las distintas economías para poner las cosas en su sitio. Esas coordenadas, esos referentes que se establecen para poder valorar las cosas en su justa medida, aportan los parámetros necesarios para el elogio, cuando se merece, o la crítica, cuando es necesaria. El informe sobre la libertad económica en el mundo, en este sentido, se convierte en un instrumento interesante para valorar, desde una óptica comparativa, lo que está siendo el Gobierno de Zapatero en materia económica.
Según el informe, España tiene que resolver tres cuestiones para alcanzar los más altos grados de libertad económica y, por tanto, e implícitamente, llegar al pleno empleo y mejorar al máximo posible el bienestar de la sociedad, que es de lo que se trata a fin de cuentas. Estos puntos negros, según el documento, son la rigidez del mercado laboral, el tamaño del gasto público y la elevada presión fiscal. A partir de ellos, podemos analizar lo que ha sido y está siendo la gestión de Zapatero y los suyos en este sentido. Empecemos por los asuntos presupuestarios y fiscales.
Más libertad económica y, por tanto, más bienestar y riqueza para la sociedad, implica menos gasto público porque el Estado gasta mucho, mal y lo hace a costa de la presencia de la iniciativa privada. El gasto público, en última instancia, es una forma de extender el poder del Estado sobre la sociedad, lo que siempre va en detrimento de la libertad y del buen funcionamiento de la economía. Pues bien, este Gobierno, desde que llegó al poder, lejos de reducir el gasto público se ha dedicado a incrementarlo con presupuesto expansivo tras presupuesto expansivo. Aquí, todos los problemas que se le han planteado al Ejecutivo de Zapatero se han resuelto a base de dinero público, es decir, del que sale del bolsillo de todos los españoles, cuando, en la mayoría de los casos, no solo no era necesario sino que esas nuevas partidas de gasto se corresponden con compromisos políticos relacionados con los intereses del presidente del Gobierno, no con los más generales de la sociedad.
Con la presión fiscal ocurre tres cuartos de lo mismo. Los socialistas hablaron en su programa electoral de reducir impuestos pero desde que están en el poder todas las medidas fiscales que han tomado, o han estudiado, a lo que van encaminadas es a incrementar la recaudación. Así tenemos, por ejemplo, la subida de la tributación por plusvalías en el IRPF o las propuestas para eliminar todo tipo de desgravaciones en dicho gravamen, por no hablar de las subidas constantes de los impuestos especiales. En resumen, para Zapatero, la política tributaria consiste en recaudar más, no menos ni mejor, lo que constituye un problema desde el punto de vista de la libertad económica relacionado con el del gasto público. Con una mayor presión fiscal se restan grados de libertad a la sociedad para poder disponer de sus recursos como más le convenga para trasladar ese dinero a un Estado que no lo emplea en atender las necesidades reales de la sociedad, sino en satisfacer compromisos políticos difíciles de justificar. De esta forma, el Gobierno va extendiendo su poder y su influencia sobre el conjunto del país y sus componentes, cerrando poco a poco espacios de libertad.
Respecto al mercado de trabajo, el análisis viene a ser el mismo. El Gobierno se empeña en no llevar a cabo una nueva reforma laboral destinada a flexibilizar este mercado cuando resulta del todo punto necesaria en el futuro para continuar con el proceso de creación de empleo y evitar que, cuando vengan mal dadas, el paro vuelva a dispararse a niveles inaceptables. Porque no sólo se trata de contratar más ahora sino de que cuando cambie el signo de la coyuntura económica se despida menos. Hoy el Gobierno dice que el empleo va bien pese a los síntomas de desaceleración que viene presentando de unos meses para acá. Y si va relativamente bien es debido a que la situación económica en la Unión Europea, a donde va a parar el 70% de nuestras exportaciones, por fin está mejorando gracias a que Alemania, y en menor medida Francia, están consiguiendo salir de un lustro de estancamiento económico. Por tanto, la evolución del empleo, más que estructural, es coyuntural y con la coyuntura ya se sabe: hoy las cosas marchan de forma adecuada pero mañana o pasado pueden ser radicalmente distintas.
Además, hay una segunda cuestión. Esa falta de libertad se deja sentir en el elevado número de inmigrantes que se ganan la vida en España sin estar legalizados, lo que restringe sus derechos básicos como personas que viven y trabajan en nuestro país y, en consecuencia, su libertad. Esas personas estarían incorporadas plenamente al mercado laboral, con todos sus derechos y deberes, si hubiera una legislación más flexible en esta materia. Pero como el Gobierno se niega a seguir profundizando en la liberalización, está condenando a esas personas a la marginalidad laboral.
¿Qué conclusión puede extraerse, entonces, de lo que nos dice el informe sobre la libertad económica en el mundo? Que si España avanza en materia de libertad económica es gracias a la sociedad y su iniciativa, porque en lo que depende del Gobierno, lejos de caminar hacia la meta deseada vamos en dirección contraria.
