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EDITORIAL

Cuando algunos policías dejan de ser buenos

Fernández Bermejo continúa comportándose como el fanático que describió Churchill, aquel que “ni sabe cambiar de opinión ni quiere cambiar de tema”.

En una de sus citas políticas más conocidas, Winston Churchill decía que "democracia significa que cuando el timbre suena de madrugada, probablemente sea el lechero". A lo que en estos momentos cabría añadir: y si es la policía, que al menos aparezca con una orden judicial, aunque gobierne el PSOE y el ciudadano objeto de la peculiar visita milite en el PP.

Coincidiendo con el caso Ciempozuelos, cuarenta millones de euros y dos ex alcaldes socialistas imputados, en los últimos meses se han venido produciendo varias detenciones de regidores del Partido Popular. Al llamativo contraste entre el celo de los fiscales anticorrupción de Baleares y Canarias y la abulia de su homólogo madrileño se suman algunas irregularidades que afectan a la misma base del Estado de Derecho. Así, el pasado 23 de enero un alcalde y una concejal del Partido Popular fueron detenidos en Gran Canaria sin orden judicial por una comisario recientemente ascendida, y cuya hoja de servicios incluye haber trabajado en La Moncloa en tiempos de Felipe González. Inquietantes coincidencias que nos retrotraen a otras ilegalidades, como las cometidas por los agentes que protagonizaron las detenciones ilícitas en el célebre e inicuo "caso Bono".

¿Son estos los funcionarios a quienes el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo se refería ayer como "mis fiscales"? ¿Será la comisario tratada con cariño por el Gobierno, o se pondrán en marchas los mecanismos sancionadores que un arresto sin orden judicial demanda?

A tres meses de las elecciones, y con escándalos como Ciempozuelos sobre la mesa, la mayoría de los ciudadanos estaría mucho más tranquila si las responsabilidades por hechos como el de Gran Canaria fueran depuradas de forma inmediata. De no ser así, la sospecha de que detrás de todo esto podría estar el deseo socialista de crear un cuerpo de policía de partido ajeno a cualquier garantía procesal, sin duda cobraría fundamento. Por desgracia, ni el ministro de Interior, y menos aún el de Justicia, parecen estar por la labor de tomar medidas que disipen estos temores y sancionen a los culpables de estas y otras graves anomalías. Al contrario, Fernández Bermejo continúa comportándose como el fanático que describió Churchill, aquel que "ni sabe cambiar de opinión ni quiere cambiar de tema". Nos tememos lo peor.

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