No es fácil señalar que resultó ayer más humillante para la libertad, para el Estado de Derecho y para las víctimas del terror nacionalista: si la chulería con la que Otegi e Ibarretxe, tras su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dejaron clara su disposición de seguir haciendo caso omiso a la Ley de Partidos y a la sentencia de ilegalización de Batasuna, o la brutal agresión que ante, las mismas puertas de ese Tribunal, ha sufrido el vocal del Foro de Ermua, Antonio Aguirre.
Si la desafiante tranquilidad del dirigente proetarra y del lehendakari cuenta con la cómplice pasividad de la Fiscalía de Conde Pumpido y del Gobierno de Zapatero, acreditada ante la vulneración de esa Ley de Partidos y de esa sentencia de ilegalización que los proetarras protagonizan a diario, el energúmeno simpatizante del PNV, que ha derribado de una patada en la entrepierna a Antonio Aguirre mientras otros coreaban "que se muera, que se muera", ha tenido también la complicidad del agente de la Ertzaintza que lo ha dejado en libertad, nada más entregárselo los escoltas del agredido.
Aunque el de ayer fuera un episodio luctuoso para la democracia en nuestro país, no deja de ser uno más en ese proceso de envilecimiento social e institucional, que etarras, nacionalistas y socialistas maquillan de paz, y que es inevitable, tanto para que Zapatero consolide su frente anti-PP con los separatistas, como para que la propia ETA, aunque insaciable, siga confiando en el talante colaboracionista del Gobierno del 14-M.
Si hace escasos días, Jesús Polanco, con sus acusaciones al PP de "franquismo puro y duro", venía a hacer suyos los insultos etarras al "PP-UPN y a la derecha fascista del Estado", ayer fue el mismísimo Fiscal General del Estado el que denigraba como falangistas a los manifestantes convocados por el Foro de Ermua, a los que se sumaron Nuevas Generaciones, contra la histórica y bochornosa impunidad del proetarra Arnaldo Otegi, instigada por la Fiscalía al retirar sus cargos.
Y es que ese envilecido "proceso de paz" que el ministro de Justicia ya ha reconocido que "está en marcha" no sólo exige que etarras y socialistas se unan en sus insultos contra el PP, sino también en lograr que "ninguna ley, ordenamiento jurídico o Constitución" sea obstáculo, tanto para la impunidad de los etarras, como para los objetivos "soberanistas" por los que ETA ha empuñado las armas.
Que Zapatero haya manifestado este fin de semana que la Ley de Partidos puede aplicarse con "límites interpretativos" del Gobierno es un eufemismo para justificar su cómplice pasividad. Pasada, presente y futura.
Por nuestra parte, sólo podemos denunciar los hechos y, tal y como ha hecho el Foro de Ermua ante la agresión sufrida por Antonio Aguirre, confiar en lo que queda de España como Estado de Derecho. En eso y en esa mayoría de españoles que sólo quieren hacer frente común con otros españoles como los que, tras auxiliar a Antonio Aguirre, clamaron ayer "Libertad, libertad" a las puertas de un tribunal del País Vasco.
