Lo hemos advertido desde esta tribuna en multitud de ocasiones: con el PSOE en el poder quien disiente lo paga. Y cuanto más caro mejor para el Gobierno, que ve en los castigos un modo ejemplarizante de aleccionar a los que no están de acuerdo. Lo vimos con el caso de los agresores fantasma al ministro Bono, una historia vergonzante que ha llenado de oprobio a la Delegación del Gobierno en Madrid y a la mismísima Policía Nacional que, para muchos españoles, empieza a ser considerada como la policía "oficial" del Partido Socialista.
En el reciente caso de Alberto Negrín, vicepresidente de la Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui, se ha vuelto a repetir idéntico patrón. Un simple grito, una apostilla en un mitin de Zapatero le va a salir carísimo. Por de pronto, Negrín ha comenzado su calvario con detención, denuncia y apertura de proceso judicial. Y todo por decir "¡Para vender el Sáhara!". Nunca cuatro palabras habían costado tanto. No hubo ni injurias, ni insultos ni amenazas de ningún tipo. En el contexto en el que fue proferido el grito y por la distancia que mediaba entre Negrín y Zapatero, no puede decirse que la seguridad del presidente del Gobierno estuviese en riesgo. Con expulsar cortésmente al alborotador hubiese bastado, pero los de Zapatero no quieren que nadie les lleve la contraria, y mucho menos en público.
Lo curioso es que no quedan tan lejos los días en que a los miembros del último Gobierno Aznar –y a casi cualquier ciudadano que se identificase como simpatizante del Partido Popular– se les tachaba públicamente de asesinos o genocidas. No se detuvo a nadie, ni nadie pagó por ello a pesar de lo grueso del insulto; a lo más se desalojó a algún revoltoso durante los mitines de la campaña electoral de 2003. Ahora las normas han cambiado, y todo ciudadano que quiera plantarle cara a los miembros del Gobierno (o del partido que lo sustenta) expresando sus opiniones se arriesga a terminar en un calabozo de la Policía Nacional. Aunque parezca mentira, a esto hemos llegado.
Lo peor de todo este asunto de la detención y proceso de Alberto Negrín no es –siendo malo– su triste destino, sino el hecho que provocó el célebre grito. Los socialistas, que llevan más de 30 años enarbolando la bandera de la soberanía y la libertad del pueblo saharaui, han dado un giro de 180 grados convirtiéndose en los aliados más fieles del Gobierno marroquí. Para adoptar tal decisión no ha pesado la tradición prosaharaui del partido, ni el compromiso que España como nación tiene contraído con este desdichado pueblo. No es preciso recordar que el Sáhara fue colonia española desde 1885, y que su desastrosa descolonización un siglo más tarde dejó a los saharauis a expensas del expansionismo marroquí.
Todos los Gobiernos españoles desde 1976 han compartido una postura única respecto al conflicto del Sáhara. Desde Madrid siempre se ha defendido el papel de la ONU como mediadora, y la convocatoria de un referéndum para que los habitantes de aquel territorio decidan si quieren formar parte de Marruecos o no. Hasta que ha llegado Zapatero y se ha entregado con armas y bagajes al rey alauita. No hay razón aparente para semejante traición a los saharauis y a los propios españoles que, desde la sociedad civil, se han mostrado siempre especialmente sensibles con las penurias que la antigua colonia ha tenido que padecer. Los motivos del cambio de parecer sólo los conoce el presidente, y mucho peso deben tener para que, por su causa, se haya detenido y se vaya a procesar a un hombre que sólo dijo: "¡Para vender el Sáhara!"
