A todos los que tengan un pariente, amigo o conocido que haya preparado oposiciones les sonará la frase "este tribunal le invita a retirarse". Digamos que en un examen de oposiciones el tribunal tiene varias opciones: aprobar el ejercicio al opositor, suspenderlo o echarlo a las primeras de cambio si el contenido de su exposición es notoriamente insuficiente.
Por lo que me han explicado, el opositor nota como los miembros del tribunal cuchichean entre ellos, suena una campana, un sudor frío recorre su frente y la frase cae como una losa sobre él: "Este tribunal le invita a retirarse". Eso significa que por lo menos ese año va a ser que no, que no aprobamos. A partir de ahí surgen dos versiones: la del opositor, que jura ser víctima de una de las mayores injusticias de la historia desde el gol de Míchel contra Brasil en el Mundial de México, y la versión oficial, que en el noventa por cien de los casos es la buena y que pone de manifiesto que el esforzado opositor ha olvidado un artículo clave en su exposición o se ha liado un poquillo explicando la teoría del derecho penal subjetivo.
Siempre se dice que hay que respetar las resoluciones judiciales y la independencia judicial. Eso, que es verdad, no es incompatible con la crítica desde el punto de vista tanto jurídico como de una persona cualquiera y normal, que no tiene por qué saber nada de derecho. Otra cosa es que los miembros del Parlament de Cataluña, de forma solemne, con el partido socialista a la cabeza y los muy moderados señores de CiU a su rebufo, hayan aprobado con el apoyo de los demás grupos, exceptuando claro al PP y Ciutadans, que si la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatut no les gusta no piensan respetarla. Está claro que cualquiera puede, legítimamente, criticar lo que quiera. Pero eso no es lo mismo que no cumplir, o desacatar, que es lo que van a hacer Montilla y el partido de María de la Pau en Cataluña.
Me pregunto que pasaría si un joven soltara ante un tribunal de oposición alguna de las cosas que les estamos oyendo decir a algunos jueces y fiscales últimamente, por no hablar de la Audiencia Provincial de Barcelona, que merece una trilogía aparte. Por ejemplo, imagínense ustedes a un opositor diciendo que "las amenazas de un terrorista no son amenazas terroristas", que "entrar en un propiedad privada y agredir a los guardas no es delito si persigue una finalidad legítima", que "tras tres años de instrucción no hace falta analizar los explosivos", que "cobrar una cantidad de dinero por si acaso utilizas el soporte para grabar música es constitucional", que "no pasa nada por cobrar dinero de la SGAE y luego dictar una sentencia a su favor" o que "aunque Otegi lo utilice para dar sus mítines y tengan a un etarra a sueldo, el PCTV no tiene nada que ver con Batasuna". ¿Qué pasaría? Que el tribunal no se limitaría a invitarle a retirarse; lo echaría a patadas, lo cual nos lleva a la conclusión de que es mucho más estricto el control de entrada que el del ejercicio de la profesión.
Ahora saldrán diciendo que jurídicamente existe una explicación, y que no hagamos demagogia y que si el tipo penal patatín y que no distinguimos la antijuricidad de la culpabilidad y la punibilidad de la tipicidad. Pues que lo expliquen, pero mientras tanto, este tribunal les invita a retirarse.
