Pocos escándalos han sido tan previsibles y, a su vez, han traído tanta cola como la impugnación de las listas de Acción Nacionalista Vasca. La desvergüenza del Gobierno ha sido tal que, a pesar de las sospechas primero, los hechos después y las cortinas de humo durante, la posición del Ejecutivo ha quedado totalmente expuesta. Así, Rubalcaba, ministro del Interior demasiado aficionado a la mentira, ha insistido en que en ningún momento el Tribunal Supremo ha reprochado a su Gobierno que la impugnación de listas se hiciese del modo en que se hizo. Esto es, simple y llanamente, mentira. La prueba está en la página 36 del auto en la que, textualmente, se dice:
"Ante la hipótesis de que un partido político presentara candidaturas con el ánimo de defraudar los efectos de la ilegalización de otro partido político, (...) el cauce que el ordenamiento jurídico ofrece para salvaguardar la eficacia de la sentencia y precaverse de la posible concurrencia electoral que se tacha, en el recurso, de fraudulenta, es el de la solicitud de ilegalización del nuevo partido –o del que, sin ser de nueva creación, sea aprovechado con el mismo designio elusivo– que sirve de instrumento defraudatorio (...)"
Es decir, llevándolo a la práctica y sorteando el alambicado lenguaje jurídico, que en el caso de que los batasunos intenten burlar la ley a través de una nueva formación política, es preciso ilegalizar a esa nueva formación. Y hacerlo en su totalidad y no en parte, tal y como se hizo la semana pasada mediante el procedimiento conocido por todos. En el caso que nos afecta, que no es otro que la reedición con otro nombre de la ilegal Batasuna-ETA, la ley se ha burlado con total impunidad y en beneficio de los terroristas, que podrán presentar candidatos en un buen número de municipios en el País Vasco y Navarra. No es casual tampoco que sean estos municipios los habituales viveros de votos de la izquierda abertzale, los lugares donde batasunos y filobatasunos amarraban concejalías, presupuestos y poder en todas las convocatorias electorales.
Una arbitrariedad de tal calado patrocinada desde el Gobierno sólo nos puede hacer pensar que éste ha sido el regalo que Zapatero tenía reservado a los que se sientan en el otro lado de la mesa de rendición. O, afinando más, que al presidente no le ha quedado otra elección, habida cuenta de la condición criminal de sus interlocutores. O pasaba por el aro o se atenía a las consecuencias. Y, para esto, Zapatero tiene donde mirarse y donde mirar: no muy lejos de la Moncloa está el aparcamiento de la T4, que sigue en obras de reconstrucción tras el atentado de las Navidades. Como para pensárselo.
Lo que ha venido una vez consumada la felonía ha sido la clásica escapatoria hacia delante típica de este Gobierno de cobardes. Primero cortina de humo y, como no amainaba el temporal, andanada de mentiras a cargo del maestro Rubalcaba, el mismo que, en tiempos, decía que los españoles no se merecen un Gobierno que mienta. Efectivamente, no nos lo merecemos. Ni un Gobierno que mienta, ni uno que acceda a los deseos de cierta banda asesina.
