La primera ley fundamental de la demanda postula que cuanto más bajo sea el precio de algo, más demandado será, y cuanto más alto, menos. Hasta donde yo sé, no existe ninguna excepción conocida a esta regla. O al menos así era hasta el pasado otoño, cuando 650 economistas, incluyendo varios ganadores del Premio Nobel, firmaron una carta pidiendo un incremento en el salario mínimo.
"Creemos que un modesto incremento del salario mínimo mejoraría el bienestar de los empleados de salario bajo y no tendría los efectos adversos que han afirmado los críticos", decía la carta. No estoy seguro de si estos 650 economistas querían decir que los incrementos en el salario mínimo no tendrán un efecto negativo sobre la tasa de empleo de los empleados de baja cualificación o sólo que la magnitud del mismo no será enorme. Si es el primer caso, dan vergüenza ajena.
Tal vez estos economistas, al igual que la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, ven la ley de la demanda como una cosa caprichosa y voluble que a veces funciona y a veces no. Sería como un físico que sugiriera que la velocidad de la luz, en el vacío, en ocasiones es variable y en otras constante, según le dé. Pero puede que tanto ellos como Pelosi tengan su parte de razón.
El 10 de enero, la Cámara de Representantes votó para elevar el salario mínimo de 5,15 dólares la hora a 7,25. Su propuesta de ley, por primera vez, extendía el salario mínimo federal al territorio norteamericano de las Islas Marianas, pero dejaba al margen la Samoa americana, otro territorio estadounidense situado en el Océano Pacífico. La Samoa americana será el único lugar que no esté sujeto al salario mínimo federal. Si los incrementos en el salario mínimo, como afirman mis 650 colegas economistas, son tan beneficiosos para los empleados de baja cualificación, ¿por qué privar a los empleados samoanos de los beneficios? ¿Son acaso anti-samoanos la presidenta Pelosi y mis colegas economistas?
Entre StarKist Tuna, cuya compañía matriz se llama Del Monte, y Chicken of the Seadan trabajo a casi el 50% de la mano de obra samoana. Los empleados de esas fábricas de conservas ganan alrededor de 3,50 dólares la hora. Voy a hacer una conjetura de lo que les sucedería si el salario mínimo se incrementa hasta 7,25 dólares la hora. He aquí una pequeña pista: el salario medio de sus colegas en Tailandia es de 67 centavos la hora, y en las Filipinas de 66 centavos. Si usted se atrevió a suponer que StarKist y Chicken of the Sea deslocalizarían sus operaciones a Tailandia o las Filipinas, ¡premio! Quizá incluso la presidenta Pelosi esté de acuerdo en que imponer un salario mínimo más elevado tendrá un efecto sobre el desempleo, pero sólo en Samoa.
Existe una explicación mejor para la postura de la presidenta Pelosi que no tiene nada que ver con la posible variabilidad de la ley de la demanda. StarKist, que posee una de las dos plantas de conservas samoanas, ha sido una gran detractora de los incrementos en el salario mínimo. Del Monte, su casa matriz, está radicada en el distrito de San Francisco, el mismo por el que fue elegida la congresista Pelosi. Chicken of the Sea está radicada en el sur de California. No es irracional aventurar que la postura de Pelosi tiene algo que ver con los intereses de su próspero electorado. En cualquier caso, los samoanos están por ahora a salvo, ya que la legislación propuesta que impone un salario mínimo más elevado no pasó del Congreso.
Muchos partidarios del salario mínimo, como la presidenta de la Cámara de Representantes, son hipócritas, pero la mayor parte son gente decente con una preocupación honesta por el bienestar de sus conciudadanos. Pero para poder demostrar una compasión de verdad hacia ellos debemos examinar las consecuencias de una medida política, y no las intenciones con las que se aprueba. No hay ninguna duda de que el Congreso puede imponer el salario mínimo al que se contrata una persona, pero no ha encontrado la manera de que una persona tenga por ley un nivel de productividad en proporción al salario. Además, el Congreso no se ha decidido a obligar a los patronos a contratar a quienes tengan una productividad inferior al salario mínimo. Esto significa que un aumento del salario mínimo provocará desempleo entre los empleados de baja cualificación.