Con un resultado de 237 a 180, la Cámara de Representantes votó el 3 de mayo a favor de expandir la ley federal que regula los delitos de odio, extendiéndola a los ataques violentos motivados por el género, la orientación sexual, la identidad de género o la discapacidad. Durante el debate de la propuesta, el líder de la mayoría demócrata Steny Hoyer ofreció el argumento habitual a favor de la misma, que consiste en que los delitos motivados por el odio son peores que los demás y, por tanto, merecen penas más duras:
Algunas personas preguntan por qué es necesaria esta ley. Lo es porque los brutales delitos de odio motivados por la raza, la religión, el origen nacional, el género, la orientación o la identidad sexual o la discapacidad no sólo hacen daño a las víctimas, sino que también aterrorizan a segmentos enteros de ciudadanos y destruyen el tejido social de nuestra nación.
Cuando hace dos años introdujeron una legislación similar en el Senado, los senadores Ted Kennedy y Gordon Smith hicieron una argumentación similar:
Los delitos de odio envían el venenoso mensaje de que algunos norteamericanos merecen ser atacados o incluso asesinados únicamente por ser quienes son. Son delitos contra comunidades enteras.
Pero ¿es la fijación con "el odio" el camino adecuado para castigar un crimen?
Dos días después de la votación de la Cámara, como para ilustrar la brutal realidad de los delitos de odio, Associated Press informó de un reciente incremento en el número de agresiones violentos y en ocasiones letales por parte de jóvenes matones contra miembros de una minoría expuesta y vulnerable. Entre los incidentes descritos se encontraban la paliza que dieron tres adolescentes en Orlando el año pasado a August Felix y que acabó con la muerte de éste; el sangriento asalto de punks con bates de béisbol contra Jacques Pierre, de 58 años de edad, en Fort Lauderdale; el asesinato en Spokane de un hombre sin una pierna que fue quemado vivo en su silla de ruedas; y el ahogamiento de una mujer en Nashville por dos hombres que la empujaron al río Cumberland desde un embarcadero.
Estas enfermizas agresiones tienen sin duda la capacidad de "aterrorizar a segmentos enteros de ciudadanos", en palabras de Hoyer. Las víctimas de estos casos, por utilizar la formulación de Kennedy y Smith, fueron "atacadas o incluso asesinadas únicamente por ser quienes eran". Pese a ello, la ley sobre delitos de odio que se está tramitando en el Congreso no hubiera servido de nada ante estos ataques. En estos cuatro ejemplos, así como en cifras significativas de casos similares que se producen en todo el país cada año, las víctimas fueron personas sin techo. Ni siquiera los más horribles crímenes contra ellos quedarían amparados en la legislación federal de delitos de odio.
Cierto es que no hace falta ninguna ley federal para que sea delito apalear a un mendigo hasta matarlo con bates de béisbol. Pero eso sucede con todos los delitos violentos, incluyendo aquellos que quedarían amparados por la nueva ley. ¿Por qué los "delitos de odio" motivados por prejuicios raciales, religiosos o sexuales tendrían que ser castigados más severamente que otros igualmente despreciables motivados por el desprecio hacia los sin techo? Si un grupo de matones asesina a un hombre prendiéndole fuego en su silla de ruedas, ¿qué diferencia moral supone si lo despreciaban por ser discapacitado (amparado por la nueva ley) o por ser un vagabundo (no amparado)? ¿Empapar a un hombre con gasolina y encender una cerilla mientras se grita "¡Odiamos a los lisiados!" es peor que hacer exactamente lo mismo mientras se grita "¡Odiamos a los sin techo!" o, ya puestos, "¡Odiamos a los cabezas rapadas!", "¡Odiamos a los comunistas!" o incluso "¡Odiamos a los hinchas de los Yankees!"?
Es indecente que el Estado declare que un asesinato, una agresión o una violación es peor cuando al responsable lo motivan prejuicios contra determinados grupos concretos. La implicación insalvable es que los asesinatos, agresiones y violaciones cometidos contra los demás grupos son menos graves. En una sociedad consagrada al ideal de "igualdad ante la ley" (palabras esculpidas a la entrada del Tribunal Supremo) es inmoral y grotesco introducir normas legales que hacen que algunas víctimas del odio sean más iguales que otras.
De hecho, la ley no debería dedicarse a agravar las penas de delitos violentos motivados por prejuicios. Los criminales deberían ser procesados y castigados con igual vehemencia sin importar el motivo por el que matan; si se debe o no al odio o la búsqueda de sensaciones fuertes o la venganza o a que consiguen dinero con ello. No son los malos pensamientos del criminal lo que la sociedad tiene derecho a castigar, sino sus malas obras.
Hay un buen número de problemas adicionales con la ley aprobada por la Cámara: es dudoso que sea constitucional, lleva a nivel federal procesos que competen a los estados y sólo puede aplicarse a actos que ya son ilegales. Pero su más grave error es el que comparte con todas las leyes de delitos de odio: al convertir el código penal en un listado de discriminaciones positivas, mina el sistema de justicia social. Trata desigualmente a víctimas iguales y pone demasiado énfasis en las creencias de los agresores y demasiado poca en la brutalidad de su agresión.
