La política ilustra con frecuencia la ley de las consecuencias no intencionadas. La complejidad de la sociedad, en la que coexisten múltiples variables con miríadas de conexiones entre ellas, provoca que con frecuencia las consecuencias de una política sean opuestas a las que se quería conseguir. De modo que, al examinar las acciones del Gobierno, hay que ser receptivo a ideas contrarias al sentido común. Una de ellas es la teoría de John McCardell de que un modo de reducir la incidencia de enfermedades, alborotos y muertes debidas al abuso del alcohol por parte de los jóvenes sería rebajar la edad a la que se permite beber legalmente.
McCardell, de 57 años, presidente emérito del Middlebury College de Vermont y profesor de historia allí, afirma que el alcohol es y será siempre "una realidad en las vidas de los jóvenes de 18, 19 y 20 años". Los estudios indican que el número de estudiantes universitarios que consumen alcohol es ligeramente inferior al de hace diez años, en gran medida a causa del creciente interés en la vida sana. Pero entre la mayoría que escoge beber alcohol, ha habido un incremento de los que se emborrachan y cometen otros excesos. La hospitalización de jóvenes de entre 18 y 20 años por intoxicación etílica ha crecido en esos diez años.
Esto, sostiene McCardell, se debe en parte a que la edad legal para beber de 21 años ha desplazado el alcohol del ámbito de la supervisión y la enseñanza de los padres. Entre los estudiantes universitarios, beber "ha desaparecido del campus y pasado al secretismo", lo que incrementa los riesgos al mismo tiempo que disminuye la capacidad de las instituciones universitarias para lidiar con ellos.
Aunque los cincuenta estados prohíben la bebida a personas menores de 21, técnicamente no existe una edad legal para beber nacional. Cada estado tiene derecho a fijar una edad inferior –más de la mitad tenían límites inferiores en los años 70– pero hacerlo les costaría el 10% de sus fondos federales de infraestructuras y provocaría las protestas de contratistas y sindicatos de la construcción.
Esta presión sobre los estados por parte del gobierno federal entró en vigor en 1984, bajo Ronald Reagan. Era especialmente susceptible a las historias conmovedoras, yMadres contra la Conducción bajo los Efectos del Alcohol (MADD, por sus siglas en inglés), fundada en 1980, disponía de un arsenal tristemente voluminoso. La MADD ha tenido un éxito heroico a la hora de cambiar normas sociales, llevando a la sociedad a la intolerancia tajante hacia la idea de que la embriaguez es divertida (hoy día, la película de 1981 Arthur, protagonizada por Dudley Moore en el papel de un adorable borracho, resulta embarazosa) y que la conducción bajo los efectos del alcohol es una travesura sin importancia.
La esperanza era que la imposición de una edad legal para beber de 21 años solucionaría dos problemas. Uno era el de las fronteras sangrientas entre estados con diferentes edades legales para beber: jóvenes procedentes de los estados que la establecían en 21 años conducían hasta los estados vecinos más permisivos, conduciendo después borrachos hasta casa. El otro problema era la inmadurez e imprudencia al beber. Se tenía la esperanza de que prohibir la bebida a jóvenes de menos de 21 retrasase el hábito hasta esa edad en muchos casos. Esa teoría, sostiene McCardell, ha sido refutada por los hechos. Lo que se necesita ahora es "algún mecanismo que no sea la persuasión moral" para regular el consumo de alcohol de los menores de 21 años.
La edad legal de los 21 fue una de las 39 medidas propuestas durante los años 80 por una comisión presidencial sobre la conducción bajo los efectos del alcohol; otras disposiciones aprobadas sí redujeron el problema drásticamente. Pero según el Instituto Nacional de Alcoholismo y Abuso del Alcohol, alrededor de 5.000 jóvenes menores de 21 años fallecen cada año como consecuencia de accidentes de tráfico, lesiones, homicidios y suicidios relacionados con el consumo de alcohol por debajo de la edad permitida. Los partidarios de la edad legal de los 21 afirman que no hay nada malo con la ley que una mejor aplicación de la misma no pueda solucionar.
McCardell cree que, en los campus, una edad legal de 21 años infantiliza a los estudiantes y estimula al consumo inmaduro de alcohol y a una falta de respeto general a la ley. Además, una política que se limite exclusivamente a la mano dura convierte a las administraciones universitarias en adversarios de los estudiantes e interfiere con sus esfuerzos por dotarles de la información pertinente, como los efectos neurológicos del alcohol sobre el tejido cerebral joven. McCardell también hace notar que los jóvenes de 18 años tienen derecho a casarse, adoptar hijos, ser tutores legales de menores de edad y comprar armas de fuego a comerciantes autorizados; además, se les confía la responsabilidad de votar y servir en el ejército. De modo que, según dice, no es irracional pensar que, con la preparación adecuada, se pueda confiar en ellos para que beban con responsabilidad.
McCardell –pelo cano, traje gris, voz suave; dice ser un "bebedor social"– y su grupo, Elige Responsablemente, se limita a sugerir que la actividad de beber alcohol por parte de los mayores de 18 años debería tratarse igual que la conducción de coches, como una actividad que exige un carnet después de un periodo de aprendizaje, con disposiciones que permitan suspender la licencia cuando se abusa del derecho que conlleva.
A los estudiantes puede no importarles la causa de McCardell porque tienen pocos problemas en encontrar carnets falsos o en conseguir que amigos mayores de 21 compren el alcohol para ellos. Su argumento más fuerte, sin embargo, puede ser que retrasar la edad legal para beber hasta los 21 simplemente retrasa las tragedias que podrían evitarse con un período de educación en la moderación más temprano. ¿Sabe a qué edad se tienen mayor número de accidentes de conducción debidos al consumo de alcohol? Efectivamente, 21 años.
