Por Sally McNamara y Ben Lieberman
En la cumbre del G-8 en Heiligendamm, Alemania, Estados Unidos hará frente a una intensa presión para llegar a un acuerdo post-Kyoto sobre el cambio climático que incluya objetivos obligatorios de largo alcance para rebajar las emisiones de carbono. Angela Merkel, presidenta del G-8 y canciller alemana ha respaldado personalmente que se aumente la presión a la administración Bush para que revierta su actual política medioambiental, a pesar de que Estados Unidos ha obtenido hasta ahora mejores resultados en la reducción de las emisiones que la Unión Europea.
Las afirmaciones del 31 de mayo del presidente Bush sobre el G-8 y el cambio climático han llevado a especular sobre si podría dar un giro de 180 grados y aceptar reducciones obligatorias de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso sería un error. La administración debería rechazar activamente las súplicas de los demás miembros del G-8 para que acepte controles de uso de la energía que reducen el crecimiento y más bien debería seguir con su exitoso modelo favorable al desarrollo económico. También debería alentar al G-8 a que den la talla en los asuntos que se hablaron durante la cumbre de Gleneagles en 2005, en la que la administración Bush marcó el objetivo de reducir estrictamente las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del contexto de crecimiento económico y erradicación de la pobreza en el mundo en desarrollo.
La cumbre de Gleneagles de 2005 y el presente
En el año 2005, en Gleneagles, cuando Tony Blair puso el cambio climático como asunto prioritario en la agenda del G-8, él era muy consciente de que emergería la imagen de división sobre las políticas a desarrollar. La administración Bush hizo juegos malabares para terminar dando el sí a comunicado final que abordaba la política medioambiental en una serie de frentes que incluían las soluciones tecnológicas y de inversión.
Al contrario de lo que se acordó en Gleneagles, Europa no ha sido capaz de concentrarse en otras políticas que no fueran el sistema de canje de emisiones de Kyoto. La Unión Europea ha impuesto arbitrariamente un límite a los niveles de emisión de sus estados miembro y luego ha forzado a compañías y grupos a que compren créditos de carbono en otra parte. Europa no sólo permanece firmemente fiel a este enfoque para un sucesor del tratado de Kyoto, sino que también está aumentando la presión sobre Estados Unidos para que se les una.
La canciller Merkel ha dicho que ofrecerá un acuerdo post 2012 en la cumbre del G-8 este año en el que Europa aumentará sus recortes de emisión propuestos del 20% al 30% "si los socios internacionales se unen al plan". A su vez, el presidente Bush anunció en la Casa Blanca el 31 de mayo que "para finales del próximo año, Estados Unidos y otros países fijarán una meta global a largo plazo para reducir los gases invernadero. Además, cada país establecería sus propios objetivos nacionales a medio plazo". Estas propuestas llegan con antelación no sólo a la cumbre del G-8 sino también a la Conferencia Kyoto II de la ONU, programada para diciembre.
Ciencia y Política
El gran problema es que la formulación de la política medioambiental de la Unión Europea está más basada en escenarios catastróficos de calentamiento global que en la sensatez científica.
La mayoría de los científicos está de acuerdo en afirmar que las emisiones de dióxido de carbono han tenido un efecto marginal de calentamiento, pero no hay consenso científico de que el calentamiento global vaya a causar un cambio climático catastrófico. Por ejemplo, el Panel Intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático (IPCC) ha hecho proyecciones acerca de la subida del nivel del mar durante el próximo siglo que van de 18 a 59 centímetros, no los 5 a 6 metros de los que habla Al Gore, ex vice presidente de Estados Unidos, en su libro Una verdad inconveniente.
Además, las sugerencias de un vínculo causa-efecto entre el calentamiento global y los huracanes perjudiciales como el Katrina en realidad contradicen el consenso científico. El alarmismo no es consensuado. Por ejemplo, el Informe Stern del año 2006 sobre los aspectos económicos del cambio climático que procuró medir los efectos del calentamiento global sobre la economía mundial se ha visto muy desacreditado debido a sus múltiples debilidades analíticas. Por consiguiente, Estados Unidos debería tomar medidas prudentes para incrementar la fiabilidad de las predicciones globales sobre el clima antes de adoptar políticas de grandes consecuencias en este terreno.
Estados Unidos también debe asegurarse de que cualquier política sobre el cambio climático tenga ventajas que superen sus costes. Mientras que los costes del calentamiento global se exageran a menudo y están demasiado politizados, se presta poca consideración a los costes asociados con las metas obligatorias de reducción de emisiones. Incluso si Estados Unidos hubiera ratificado el Protocolo de Kyoto, e incluso si Europa y otras naciones estuvieran cumpliendo con las metas en su totalidad, el tratado evitaría un aumento de 0,07 grados centígrados de la temperatura antes del año 2050, a un coste para Estados Unidos de 100.000 a 400.000 millones de dólares sólo entre 2008 y 2012. Por ello, Estados Unidos debería sopesar con mucho cuidado tanto los costes como los beneficios de la política medioambiental antes de embarcarse en cualquier acuerdo post Kyoto.
El camino hacia adelante
El ministro alemán de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel, indicó recientemente que el mundo en desarrollo sólo se ocupará del cambio climático una vez que "las naciones industrializadas cumplan con su responsabilidad". Estados Unidos ya ha tomado la iniciativa. Sigue siendo el líder mundial gracias a su desarrollo de tecnologías más limpias y debería continuar insistiendo que se invierta en ellas como un asunto clave en la agenda de Heiligendamm. Los sistemas energéticos de bajas emisiones presentan una inmensa oportunidad para que el mundo en desarrollo pueda disminuir sus emisiones de carbono sin necesidad de hipotecar sus economías.
Un modus operandi basado en avances tecnológicos ofrece al mercado la oportunidad de encontrar a los ganadores y perdedores entre las futuras fuentes alternativas de energía. La opinión pública ya confía en la empresa privada por encima del Gobierno para que lleve la batuta en lo que a reducción de emisiones se refiere. En respuesta al informe Stern, una encuesta de Populus revelaba que el 69% de los británicos considera a las empresas como los agentes más eficaces para combatir las amenazas contra el medio ambiente y el 74% convino en que la innovación tecnológica, en lugar del intervencionismo gubernamental, es la mejor manera de enfrentarse a los futuros retos medioambientales. De hecho, las afirmaciones que hizo el presidente Bush el 31 de mayo son coherentes con esa vía. Bush enfatizó tanto la necesidad de una participación global como la importancia de la tecnología para crear los medios económicamente prácticos de reducir las futuras emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos debería insistir en una política que utiliza el sector privado para el desarrollo y la innovación de la tecnología. El intervencionismo gubernamental a través de subsidios no es más que otra fórmula para el desastre.
Amigos y aliados
La Unión Europea quiere hacer creer al mundo que Estados Unidos se ha granjeado la antipatía global debido a su política medioambiental. En realidad, la Asociación Asia-Pacífico sobre Desarrollo Limpio y Clima es un acuerdo por el que los países desarrollados y en desarrollo pueden coordinar la creación y el despliegue de tecnologías limpias. Es un enfoque que se basa en el crecimiento económico y que implica activamente a dos economías crucialmente importantes como son China e India, además de ser mucho más flexible y aplicable que el sistema de limitación y canje de emisiones.
Poner límites obligatorios a países en desarrollo restringirá su competitividad, impedirá su crecimiento, hará que a largo plazo el cumplimiento sea menos probable y seguramente provocará que los empleos se vayan a países que son incluso menos limpios. Por lo tanto, hace falta un enfoque integrado para abordar de manera conjunta los retos del desarrollo humano, de la energía y de la reducción de emisiones. La administración Bush debe darle prioridad a la creación de riqueza como política clave para combatir y adaptarse a los fenómenos del cambio climático. Una nación con una economía fuerte puede hacerle frente de mejor forma a cualquier desafío futuro –sea provocado por el calentamiento global o de cualquier otro tipo– que una nación cuya economía se ha debilitado por décadas de medidas inhibidoras del crecimiento como las previstas en el Protocolo de Kyoto.
Conclusión
El calentamiento global presenta riesgos, pero también lo hacen las políticas destinadas a combatirlo, y los últimos pueden superar fácilmente a los primeros. El Protocolo de Kyoto está demostrando ser costoso y problemático; la mayoría de los signatarios europeos ni siquiera están en el camino correcto para cumplir con sus requisitos. Si Estados Unidos emprende acciones desatinadas, muchos empleos norteamericanos acabarán en naciones como China o India que están exentas del cumplimiento de Kyoto y que continúan emitiendo gases invernadero a niveles más altos por PIB que Estados Unidos.
En lugar de reducir las emisiones racionando la energía, Estados Unidos ha emprendido iniciativas de investigación para desarrollar nuevas tecnologías que mejoren las emisiones de carbono y ha establecido contactos con países desarrollados y en desarrollo para coordinar la creación y el despliegue de estas tecnologías. La actual histeria sobre el calentamiento global no puede durar mucho más porque no se basa en hechos científicos. Mientras tanto, Estados Unidos debe resistirse a la aplicación del protocolo de Kyoto o de medidas similares porque dar marcha atrás sería caro y difícil.
©2007 The Heritage Foundation
* Traducido por Miryam Lindberg
Sally McNamara es analista de política europea en el Centro Margaret Thatcher por la Libertad de la Fundación Heritage. Ben Lieberman es analista político del Instituto de Estudios de Política Económica Thomas A. Roe de la Fundación Heritage.
