La presentación del informe anual del Banco de España constituye uno de los acontecimientos económicos más esperados del año. No hay gobernador de la entidad que se precie que no aproveche el mismo para enviar mensajes y lanzar las debidas críticas a la política económica del Gobierno y, de esta forma, tratar de remarcar la independencia frente al mismo y el peso específico de la institución. Miguel Ángel Fernández Ordóñez no ha sido una excepción a este principio en su primer informe desde que accedió al cargo. Pero en su tintero se han quedado algunos elementos de importancia que, por la naturaleza de la institución que encabeza, debería haber tratado.
El repaso que hace MAFO a la situación de la economía española, en general, no tiene desperdicio. Frente al triunfalismo del Gobierno acerca del buen estado de salud de la economía, el gobernador pone el dedo en la llaga de los problemas pendientes y de todo lo que el Ejecutivo tenía que haber hecho en esta legislatura y, sin embargo, no ha llevado a cabo.
El ejemplo más claro lo constituye la referencia a la reforma laboral. Mientras el Ministerio de Trabajo de Jesús Caldera renunció a seguir profundizando por esta vía, cuando los efectos de las reformas emprendidas por el PP ya están agotados, MAFO advierte de la necesidad de reformar el sistema de negociación colectiva y abaratar el coste del despido para acabar con las elevadas tasas de temporalidad en el empleo que subsisten en nuestro país. Sin embargo, Caldera, que se ha hartado de hablar de la necesidad de resolver el problema de la temporalidad, no ha hecho nada al respecto. Además, MAFO advierte del peligro de un incremento del desempleo y del frenazo en el proceso de creación de puestos de trabajo si se produce una desaceleración de la economía, algo que ya empieza a manifestarse. Para evitarlo era necesario llevar a cabo una reforma laboral que no se ha hecho y el gobernador del Banco de España acaba de denunciarlo con toda la razón del mundo. Ahora ya nadie podrá llamarse a engaño con lo que puede ocurrir con el proceso de creación de empleo en el futuro, ni de quién será la responsabilidad.
Lo mismo cabe decir respecto a la competitividad de la economía española y los incrementos de productividad necesarios para mejorarla. Durante los últimos meses en la oposición y los primeros años al frente del Gobierno, Zapatero y los suyos se hartaron de criticar al Partido Popular por esta cuestión y luego, cuando les ha tocado a ellos, no han hecho nada para cambiar las cosas pese a que el constante incremento del déficit exterior no hace más que advertir de la necesidad de tomar medidas al respecto. Pero este Gobierno renunció desde el primer momento a llevar a cabo reformas estructurales y así ahora pasa lo que pasa. Por ello, MAFO insiste en la necesidad de continuar con el proceso de privatización y liberalización de la economía española que, a los ojos del Banco de España, dista mucho de encontrarse en el mejor escenario económico de la historia, como se pavonea Zapatero.
No cabe duda que estas críticas al Ejecutivo son muy oportunas porque ponen el dedo en la llaga de las carencias de la política económica del equipo de Zapatero y lo hacen, además, desde una institución poco sospechosa de connivencia con el PP, que también lo viene denunciando desde hace tiempo. El problema es que MAFO se queda ahí y no entra en los dos temas más espinosos para el Gobierno en estos momentos –los presupuestos y la credibilidad de la supervisión del sistema financiero– cuando debería haberlo hecho por su importancia para las condiciones monetarias de la economía, que es lo que cuenta para el Banco de España.
El Banco Central Europeo nunca se ha ahorrado comentarios en contra de los gobiernos cuyas políticas ponían en peligro la estabilidad presupuestaria a medio plazo, como fue el caso de Francia y Alemania a finales de la década de los noventa, y lo hacía porque dicha estabilidad tenía implicaciones incuestionables sobre los tipos de interés. Sin embargo, aquí el Banco de España no dice palabra alguna ni respecto a las consecuencias presupuestarias del nuevo estatuto catalán, ni sobre las exigencias de los nacionalistas e Izquierda Unida para apoyar los presupuestos para 2008, ni sobre la evolución de las cuentas públicas de las autonomías, ni sobre la tendencia creciente de los gobiernos regionales a crear empresas públicas pese a la referencia que hace a continuar con el proceso de privatizaciones. Abrir la boca al respecto supondría una crítica demasiado fuerte a un Zapatero que impulsó en su día el estatuto y que ahora se niega a adelantar las elecciones para evitar las onerosas facturas que unos y otros pueden exigir a los socialistas a cambio de su apoyo a los presupuestos. Sin embargo, el impacto que esas facturas van a acarrear a medio plazo sobre los tipos de interés de la deuda pública y, por tanto, de la economía, debería haber sido denunciados vigorosamente. Por lo visto, la independencia de MAFO no llega a tanto.
Lo mismo sucede con la credibilidad de la supervisión del sistema financiero, algo que concierne sobremanera al Banco de España. En unos momentos en los que la propia entidad ofrece datos del desplome de la inversión exterior en nuestro país, en parte como consecuencia de lo acontecido en torno a la CNMV, el banco guarda silencio en vez de recalcar la necesidad de restaurar cuanto antes la confianza perdida en el sistema de supervisión, esencial para la salud del sistema financiero la financiación de la economía española, que es algo que sí concierne al Banco de España, y mucho. Pero en este punto, nuevamente, reina el silencio.
Desde sus tiempos como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y, posteriormente, de la Comisión Nacional de la Energía, a MAFO siempre le ha gustado erigirse en referente del debate económico en nuestro país con sus informes y opiniones. En lo que respecta al informe anual del Banco de España, ha hecho muy bien en criticar al Gobierno por la ausencia de reformas estructurales. Pero al callar sobre los presupuestos y la supervisión del sistema financiero, para no comprometer seriamente al Ejecutivo de Zapatero, tan sólo se quita buena parte de la razón que le asiste en las críticas vertidas sobre la política económica.
