Reproducimos a continuación la tercer y última entrega de un artículo escrito por Alberto Recarte para Libertad Digital La deriva populista de las autonomías. El trabajo completo consta de los siguientes capítulos:
- Gasto y nada más que gasto
- Dependiendo de un Gobierno sectario
- Los gobiernos regionales no aumentan el crecimiento
6. ¿Políticas económicas autonómicas?
Nos encontramos, pues, con un Estado con autonomías con competencias cada vez mayores, que ingresan y gastan más que la Administración central, pero que no son responsables sobre gran parte de sus ingresos y que tienen incentivos enormes para gastar. Y que, en la medida en la que se comprometen a prestar, por intereses electorales, servicios públicos cada vez más extensos y más costosos, se hacen más dependientes del Gobierno de la nación, pues según los criterios de reparto de fondos que se utilicen se beneficiarán unas u otras autonomías.
Sin embargo, esa política de gasto continuo, en aumento exponencial, que explica en gran parte la continuidad en su cargo por tiempos inauditamente largos de los dirigentes políticos autonómicos, no debe engañarnos respecto a que las autonomías, precisamente por su sistema de financiación, se han convertido en departamentos administrativos de gasto, capaces de impedir el desarrollo de sus respectivas autonomías, pero sin auténtica independencia para proponer o impulsar políticas económicas propias que puedan afectar el crecimiento de la propia autonomía de forma significativa.
Es posible que a muchos dirigentes autonómicos les resulte incomprensible esa afirmación porque, sin duda, consideran que son muchas las decisiones económicas que pueden tomar; y toman. Por ejemplo, la libertad para acometer cambios tributarios a que se ha hecho referencia, la no puesta en práctica de políticas negativas para el crecimiento económico –a pesar de la presión de los sindicatos y las presiones intervencionistas de muchos políticos autonómicos– y los esfuerzos para el desarrollo de infraestructuras. Pero estas decisiones no significan que las autonomías puedan tener, y tengan de hecho, políticas económicas dignas de este nombre, y que el crecimiento de las autonomías y del empleo dependa de unas políticas que en realidad tienen muy poco peso en el mismo. Las autonomías pueden hacer políticas que impidan el crecimiento económico, pero tienen muy poca capacidad para aumentarlo en sus respectivos territorios.
El crecimiento económico dispar entre autonomías en España depende mucho más de otros factores. En primer lugar, del crecimiento mundial, del europeo, y, sobre todo del español en su conjunto. En segundo lugar, de políticas económicas nacionales. En tercer lugar, de tendencias generales que existen desde los años 70 y 80 del siglo XX y que ya preveían el estancamiento de la cornisa cantábrica y un mayor desarrollo de Levante, el eje del Ebro y Madrid. En cuarto lugar, de la presencia secular, o no, de empresas públicas subvencionadas y de la existencia, o no, de un tejido industrial viejo, heredado de la época del proteccionismo. En quinto lugar, del nivel de formación de la población. Y, en sexto lugar, de un conjunto de factores de la más diversa índole, como la existencia de una buena red de comunicaciones e infraestructuras, del clima, de la historia, de la existencia o no de activos culturales, como museos. En fin, de un innumerable conjunto de datos históricos con relevancia económica, de políticas internacionales y nacionales y un poco de políticas activas propias. Lo que sí pueden hacer, repito, es dificultar el crecimiento, tomando decisiones arbitrarias, populistas, limitadoras de los derechos individuales y corromper el mercado de bienes y servicios, desde el del suelo hasta el del trabajo, desde el de la vivienda hasta el de los que componen la cesta de la compra.
7. Conclusión
Si finalmente el PP tuviera el coraje para proponer, junto con el imprescindible apoyo del PSOE (que no podría ser el de Rodríguez Zapatero) o de un número significativo de otros partidos, la reforma de nuestra maltrecha Constitución, en concreto del título VIII, y transformar definitivamente a España en un Estado federal, separando las competencias entre la Administración central y las autonomías, creo que se pondría freno a la tendencia centrifugadora de lo nacional del Estado de las autonomías. Ello incluiría modificar radicalmente el sistema de financiación autonómica. Cada autonomía debería ser libre para determinar qué impuestos establece y con qué tipo y sólo podría recibir transferencias de la Administración central para asegurar mínimos vitales y la financiación de algunos servicios, como la salud, pues la educación debería ser libre, aunque financiada a través de cheques escolares y universitarios por el Estado central. Y manteniendo férreamente centralizada la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo.
Un cambio de este tipo permitiría resolver, o al menos ayudar a hacerlo, los problemas históricos de algunas autonomías y convertir a las clases políticas autonómicas en responsables de sus ingresos y sus gastos. Dejarían así de ser agentes impulsores del gasto público, que ganan cuando otras autonomías pierden, y tendrían que renunciar a esas políticas que, una y otra vez, sin tener en cuenta los intereses nacionales, intentan lograr apoyos populares con políticas populistas o victimistas que en estos años ha sido posible financiar, pero que entrarán en una tremenda crisis financiera cuando descienda significativamente el crecimiento, las transacciones inmobiliarias y la creación de empleo.
