Los dos grandes partidos se están haciendo la competencia para ver quién se pone la medalla de la regulación de las apuestas vía Internet. Por más que el PP proteste por que el PSOE haya presentado su propuesta al saber que la iban a hacer ellos, hay que reconocerle a estos últimos la virtud de la claridad. Los españoles apostaron por Internet el año pasado 413 millones de euros y este año se estima que la cifra llegará a los 600, una cantidad "por la que el Estado no recauda ninguna cantidad" dado que los sitios web de apuestas y casinos, gracias a las ventajas de la globalización y de Internet, valga la redundancia, suelen radicarse en paraísos fiscales.
Este es un ejemplo del tan alabado consenso entre todos los partidos; podrán llevarse a matar por asuntos como la idea de España y el proceso de rendición, pero en lo que se refiere a regular el libre mercado y sacar impuestos de cualquier actividad se ponen todos de acuerdo. Incluso hacen carreritas ridículas a ver quién llega antes. Luego ponen excusas absurdas, como que "apostar online es fácil para cualquier usuario de Internet", sin necesidad de desplazarse y "durante las 24 horas del día", como si semejantes características fueran un desdoro para una empresa, en lugar de una virtud que ya quisiéramos que tuvieran, por ejemplo, los organismos públicos a la hora de dar atención a sus obligados clientes.
Pero quizá la excusa más llamativa y falsa que se han buscado es la protección a la infancia. Ciertamente, un niño armado con un ordenador conectado a Internet puede entrar en una página de apuestas y mentir sobre sus datos para registrarse. Pero para poder jugar necesita una cosa más: dinero. Y no unas monedas, sino una tarjeta de crédito o acceso a un talonario de cheques; cosas que tiene vedadas en cualquier hogar mínimamente responsable. No es, por tanto, un problema que vaya a quitar el sueño a los españoles, aunque no dudo que se vayan a dar casos. Pero la anécdota no es categoría.
El caso es que los españoles se suben tarde al carro. Ya el Senado estadounidense prohibió las apuestas y casinos online exactamente por el mismo método que emplearía un padre: impidiendo el uso de tarjetas de crédito, cheques y giros electrónicos para apostar vía Internet. El problema de esta medida es el que atisbara la sabiduría de Tocqueville en 1835, cuando conjeturó que el peligro que podría conllevar la democracia a largo plazo sería la aparición de "un inmenso poder tutelar" cuya autoridad sería como la de un padre "si su objetivo fuera, como aquella, preparar a los hombres para la edad adulta", pero que, sin embargo, lo que buscaba era "mantenerlos en una perpetua infancia". A un Estado así, que garantizara la seguridad de los hombres, previera y atendiera a sus necesidades, facilitara sus placeres y se ocupara de sus principales preocupaciones, "¿qué le queda sino ahorrarles a todos la preocupación de pensar y la angustia de vivir?"
Ciertamente, el Estado tiene un papel que jugar y que, como es lógico, no está cumpliendo. Buena parte de la publicidad de los casinos online en España es fraudulenta. Pagan a sitios web para que aseguren haber encontrado un método matemático infalible con el que cual siempre se gana, tras lo cual ofrecen un enlace al casino que les ha puesto la pasta encima de la mesa. El hecho de que alguien afirme que existe una forma sencilla, matemática y universal de ganar debería hacer dudar a cualquier persona sensata: si así fuera no lo dirían sino que lo usarían para forrarse, pues al contar su secreto a todo el mundo sólo conseguirían que su fuente de ingresos, los casinos, se arruinaran. Se puede creer a gente como "los Pelayo", pues su secreto simplemente consistía en estudiar las ruletas para averiguar los defectos físicos que pudieran tener y que se reflejaran en apuestas que salían más a menudo; lo difícil era averiguar esos fallos, no tener esa idea. Las matemáticas, claro, hacen caso al sentido común y demuestran que el sistema de doblar la apuesta al perder, o martingala, no funciona.
Pero esto no tiene nada de particular; un timo es un timo en Internet y fuera de Internet, y debe perseguirse en ambos casos. Eso no es excusa para montarse a crear leyes cuyo único objetivo es recaudar impuestos y ahogar a quienes osan amenazar el monopolio estatal sobre el juego.
