El todavía presidente de Endesa, Manuel Pizarro, ha puesto el dedo en la llaga de los males que aquejan a la economía y a la empresa española desde que Zapatero llegó al poder. Pizarro ha dicho que sin libertad, nadie vendrá a invertir a España. El Gobierno debería tomar buena nota de ello.
Uno de los pilares básicos de una economía de mercado, el más fundamental de todos ellos, es el respeto de los derechos individuales, tanto de las personas como de las empresas. Frente a ellos, el Gobierno de turno no puede ni debe inmiscuirse bajo ningún concepto, ni de forma arbitraria. Esta es una verdad conocida desde mediados del siglo XVIII y aquellas naciones que, desde entonces, han sabido respetar las esferas de privacidad de las personas y las empresas son las que, al final, más han prosperado en términos económicos. La gente invierte cuando confía en que nadie, incluido el Gobierno, le va a arrebatar de forma arbitraria el fruto que deparen dichas inversiones. Si esa confianza se quiebra, esa inversión sin la cual no es posible el desarrollo económico y social desaparece. Pues lo que ha venido a decir Pizarro es, precisamente, eso.
En todo el culebrón que representa el caso Endesa, el Gobierno ha cometido muchas irregularidades, desde fomentar la OPA de Gas Natural sobre la eléctrica por razones estrictamente políticas hasta la forma en que metió a Enel en la batalla por el control de la compañía. Todas estas actuaciones ya vulneran derechos fundamentales de los accionistas de Endesa; pero cuando además se añaden episodios como los escándalos con la CNMV, la intervención de la Oficina Económica del presidente, la elaboración en la misma de informes sobre personas, como el presidente del BBVA, Francisco González, y ahora también la vigilancia a que se ha visto sometido el presidente de Endesa, entonces no hay seguridad ninguna de cara a la inversión y esta se resiente.
No se trata de ningún argumento teórico, sino todo lo contrario. Las críticas vertidas contra el Gobierno español por sus injerencias constantes en el caso de Endesa ya están pasando factura a la economía española: nuestra Bolsa es la que menos crece de entre todas las de la Unión Europea en lo que va de año, los informes de las principales casas de bolsa y bancos de negocios del mundo están desaconsejando invertir en España y la inversión extranjera se está desplomando. Esto, en un país de tamaño y nivel de desarrollo medio, es un serio problema. Pero, además, en un país que tiene que competir en el mundo de la globalización por la captación de inversiones que él mismo no es capaz de generar se convierte en un problema acuciante cara al futuro del empleo y el bienestar de la sociedad.
Pizarro lo ha dicho muy claro: en estas condiciones no habrá quien venga a España a invertir porque se arriesga a perder hasta la camisa a causa de las intervenciones del Gobierno sobre la economía y las empresas; actuaciones que tienen un carácter partidista, no de lógica de política económica. Si el intervencionismo ya es de por sí negativo, cuando además se violentan libertades fundamentales, como ha ocurrido con el seguimiento a Pizarro, las cosas entonces superan con creces los límites de lo tolerable y la economía paga las consecuencias.
El Gobierno, por ello, debe entender que a España no le va a salir gratis todo cuanto se viene haciendo o promoviendo desde Moncloa y desde la Oficina Económica del presidente en torno a Endesa y su presidente y debería, por ello, poner el punto final cuanto antes. Ya hemos dado bastante imagen de república bananera con lo ocurrido hasta ahora, o con el intento de asalto al BBVA, como para seguir por una línea que lo único que hace es perjudicar al interés general, porque todo lo que sea violentar libertades básicas se acaba por pagar muy caro.
