El ministro de Justicia se ha apresurado a solucionar la huelga de los funcionarios de su ramo para que, cuando comience el debate de investidura de Rodríguez Zapatero, los sindicatos no inunden de pancartas la entrada al Hemiciclo de San Jerónimo. O sea, que Bermejo quiere repetir como ministro pasando rápido, como sobre las ascuas, de la huelga y del affaire de Mari Luz.
Pero el ministro no ha solucionado nada salvo una huelga, que se había convocado no en beneficio de mejoras estructurales de nuestra administración de Justicia, para pedir más medios, más eficacia, sino para reivindicar un aumento salarial, porque los funcionarios del ramo que dependen no del Gobierno central, sino de los autonómicos a los que fueron transferidos, ganan más.
La huelga ha puesto en evidencia qué ha sucedido con el gasto de personal de las administraciones públicas durante la descentralización autonómica: subidas generalizadas de salarios. Y, por supuesto, incremento notable del número de funcionarios, sin que necesariamente los ciudadanos dispongan hoy de mejores servicios públicos.
En cambio, ni Bermejo ni sus antecesores han hecho demasiado por mejorar la administración de Justicia. Los expedientes se acumulan en legajos ajados que recuerdan la burocracia soporífera de siglos pretéritos. Los trámites duran una eternidad y cualquier litigio duerme al menos un lustro antes de que se produzca la primera sentencia.
Ya sabemos que una justicia así no es Justicia. Pero no parece que el Gobierno tenga como prioridad profundizar en la modernización de esta administración judicial. Para nuestros políticos la prioridad es la memoria histórica, la Educación para la Ciudadanía, la reforma de los estatutos autonómicos o la revisión del Concordato con la Santa Sede. O sea, meterle el dedo en el ojo a la otra media España para que se fastidie en la salsa de su disidencia.
A Rodríguez Zapatero se le llena la boca con los derechos civiles, pero los reduce al "matrimonio" entre homosexuales. Sin embargo, no hay un derecho civil más importante, más básico y elemental, que el de disponer de una Justicia eficiente y eficaz. Justo lo que no tenemos los españoles.
Por otra parte, si queremos cambiar el patrón de crecimiento de nuestra economía, una de las reformas estructurales imprescindibles es precisamente modernizar nuestro aparato judicial. Hoy, ni siquiera se puede alquilar un piso con garantías reales de que el propietario va a poder cobrar el alquiler o extinguir pacíficamente el contrato si el arrendador no cumple. No hablemos, pues, de la ejecución de impagos, de las demandas por administración desleal o cualquier otra cuestión cotidiana del tráfico mercantil.
Nuestros juzgados, de cualquier índole y grado, están saturados y exhaustos. Y todo ello sin tener en cuenta dos retos relevantes, dos auténticas avalanchas a las que nuestro sistema judicial va a tener que hacer frente en los próximos meses y años: la gestión de la inmigración ilegal en nuestro país y el rebrote de la delincuencia como consecuencia del mayor desempleo en el sector de la construcción, que afectará de manera importante a los inmigrantes.
En fin, que Bermejo puede estar feliz porque no ha sido derrotado ni él ni los sindicatos huelguistas. Pero que no diga que quienes han vencido han sido los ciudadanos, porque eso no es verdad. Los ciudadanos, los contribuyentes, son los que pierden siempre en esto de la Justicia. Sencillamente porque, aunque paguemos más a los funcionarios, en este país no hay Justicia.
