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Cronología del chivatazo: ¿Quién es Carlos G.?

Entre las diligencias ordenadas a Garzón por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional destaca que tendrá que tomar declaración a Carlos G., el policía que dirigió la investigación del chivatazo a ETA. En los últimos meses se ha especulado mucho sobre el papel de este policía en el caso.

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El 5 de octubre de 2009 la Fiscalía solicitaba el archivo del Caso Chivatazo que llevaba tres años durmiendo en el juzgado de Baltasar Garzón. El Ministerio Público consideraba "agotada" la investigación porque no puede determinar quién informó a la banda terrorista de la operación contra la red de extorsión que se iba a producir en un local de Irún, el Bar Faisán, en la que los etarras recibían el dinero procedente de la extorsión.  

En pleno escándalo por esta decisión de la Fiscalía, el 8 de octubre, Antena 3 informaba que el autor del soplo fue el propio inspector jefe de la Policía encargado de llevar a cabo la investigación del chivatazo a la red de extorsión de ETA: Carlos G. El mismo que, según los sindicatos policiales, era el encargado de controlar las cámaras de seguridad que vigilaban el domicilio y el bar de Elosúa, que podrían haber servido para identificar al agente que entregó el teléfono a Elosúa, pero que en el momento del soplo se encontraban apagadas. Los sindicatos policiales también expresaban sus dudas: "habría que investigar a los investigadores". Al día siguiente, 9 de octubre, trascendía que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, había condecorado con un distintivo rojo al mérito policial y pensionado de por vida precisamente a Carlos G.

El 19 de octubre, Fernando Lázaro y Manuel Marraco revelaban en El Mundo que Interior relevó al responsable inicial de investigar el bar Faisán y después el chivatazo a ETA, José C., cuando comenzó a tener resultados y le reemplazó por un policía de menor rango y favorable al "proceso de paz", Carlos G. Según esta información, en un principio el equipo español de la investigación –había uno francés también– estaba encabezado por el responsable de la Unidad Central de Inteligencia, el comisario José C., el primero que gracias a sus trabajos previos se centró en Carlos G, como sospechoso del soplo a ETA. De acuerdo con esta información, el relevo sorprendió a muchos de la cúpula policial de la lucha antiterrorista sobre todo porque en un informe José C. había señalado al que sería su sucesor al frente de la investigación (Carlos G.) como un hombre contrario a la desarticulación de la red de extorsión en pleno "proceso de paz".

Además de esto, El Mundo revelaba que el ministro Rubalcaba dio una versión falsa en el Congreso cuando dijo que había condecorado a Carlos G. por sus trabajos relacionados con el robo de droga en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Fernando Lázaro recuerda que el caso se conoció en julio de 2008 y que quince meses después la unidad de Carlos G. detuvo a varios policías supuestamente vinculados al robo. Sin embargo, el ministro del Interior olvidaba que la medalla con distintivo rojo a Carlos G. –que supuso un aumento del sueldo en un 15%– fue otorgada en 2006, es decir dos años antes de que se conociera el robo de la droga.

Ese mismo día, 19 de octubre, Carlos G. en el centro de la polémica, se defendía haciendo público un documento firmado ante notario, en el que negaba ser al autor de la delación, es más decía que fue él quien lo desveló, y acusaba a la Fiscalía de ocultar datos en la solicitud de sobreseimiento. Además, pedía que se levante el secreto de sumario y no se archive el caso.

Carlos G. explicaba en el escrito que en el momento de los hechos, el 4 de mayo de 2006, él se encontraba reunido con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, quien dirigía la operación contra ese aparato de financiación. El inspector se presentaba como víctima de "un linchamiento público" y mientras se mostraba agradecido a Garzón por "no haberme imputado ni a mí ni a mi equipo una vez que tuvo conocimiento del alcance, rigor, objetividad y exhaustividad de nuestra investigación", arremetía contra la Fiscalía. En concreto, negaba que la cámara que grababa el Bar Faisán dejase de funcionar justo el día en el que se produjo el chivatazo, como sostenía el fiscal, escrito de petición de archivo de la causa.

Es precisamente un detallado informe policial elaborado por el equipo dirigido por Carlos G. el que señalaría directamente a Víctor García Hidalgo, entonces Director General de la Policía, como la persona que ordenó el chivatazo al dueño del bar Faisán, tras ser a su vez avisado por su jefe superior en el País Vasco, Enrique Pamiés. Según publicó Fernando Lázaro el 19 de enero en El Mundo este informe obra en poder de Garzón. De acuerdo con este informe de Carlos G., García Hidalgo encargó a Pamiés alertar a Elosúa y, tras una serie de infructuosos intentos por localizarle, el jefe superior mandó a un inspector especializado en islamismo, que fue el que visitó el bar y entregó un móvil al etarra Elosua. El propio Pamiés habría sido quién mantuvo la conversación con él dándole, durante unos ocho minutos, todos los detalles de la operación que había emprendido el juez Grande Marlaska.

Además, estos informes desmontan los argumentos de la Fiscalía para pedir el archivo del caso. De nuevo Fernando Lázaro en El Mundo explicaba que mientras la Fiscalía sostenía que no estaban identificados todos los teléfonos que habían operado en las cercanías del Bar Faisán en el día de los hechos, el equipo dirigido por el inspector jefe Carlos G. expurgó todas las llamadas, identificó a sus titulares y tomó declaración a todos y cada uno de ellos.

También destapó El Mundo que el informe que apuntaba a la responsabilidad de García Hidalgo tuvo entrada el 4 de septiembre de 2006 en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido ya por Baltasar Garzón. Sólo cuatro días después, el 8 de septiembre, Rubalcaba destituyó al frente de la Dirección General  de la Policía a Víctor García Hidalgo. Obviamente, alguien filtró a Rubalcaba los informes elaborados por Carlos G.
 

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