Las restricciones a la movilidad urbana en España entran en una nueva fase que afecta de lleno a los vehículos con distintivo ambiental B de la DGT. Estos coches, que representan en torno a 9,5 millones de unidades —aproximadamente un 31,5% del parque móvil nacional— dejan de ser considerados plenamente compatibles con las políticas de acceso a los centros urbanos en expansión.
Hasta ahora, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se habían centrado principalmente en los vehículos sin etiqueta ambiental, es decir, los más contaminantes. Sin embargo, el escenario cambia y se amplía el alcance de las limitaciones.
En distintas ciudades españolas ya se venían aplicando o anunciando restricciones para los vehículos con etiqueta B. Entre ellas figuran Madrid, Bilbao, Getafe, Estepona, San Fernando, Huelva, Málaga o Palma de Mallorca, que han comenzado a introducir medidas de control más estrictas.
El caso más relevante se produce en el Barcelona (AMB), donde se ha aprobado un plan que afectará a 37 municipios. Este organismo, pionero en la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en España, ha dado luz verde a una estrategia que prevé limitar la circulación de los vehículos con etiqueta B de forma generalizada en el medio plazo.
La decisión fue aprobada por el Consejo del AMB con la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox, mientras que el resto de formaciones políticas apoyaron la medida. Aunque la aprobación ya es oficial a nivel metropolitano, serán los ayuntamientos los que deberán concretar su aplicación en cada municipio. Sin embargo, se prevé que estas decisiones se retrasen hasta después de las elecciones municipales de mayo de 2027, debido al fuerte impacto social y político de la medida.
Un calendario que apunta a 2028
Según la planificación actual, el endurecimiento generalizado de las restricciones a los coches con etiqueta B se aplicará de forma progresiva a partir de 2028. El objetivo a largo plazo es avanzar hacia la reducción del uso del vehículo de combustión en entornos urbanos, con horizonte en 2030.
En el caso de la AMB, se estima que cerca del 17% de los vehículos que actualmente circulan en la zona podrían verse afectados en la primera fase de implementación.
El plan metropolitano no solo contempla restricciones, sino también una transformación del modelo de movilidad. Entre sus metas destacan la reducción de la siniestralidad en un 50%, la disminución del uso del vehículo privado y la reducción de emisiones contaminantes.
Además, se pretende impulsar alternativas como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie, así como mejorar la fluidez del transporte colectivo y la movilidad comercial, con incrementos de eficiencia estimados en torno al 10%.
En este contexto, el AMB ha expresado su intención de "acompañar a los ayuntamientos en el despliegue" de estas políticas, subrayando que el organismo "no obliga: propone y ayuda".
La etiqueta B de la DGT incluye los turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2001 y los diésel entre 2006 y 2013. Se trata de una categoría intermedia que hasta ahora había quedado en una situación relativamente flexible dentro de las restricciones urbanas.