Mariano Rajoy modificará la Ley del Aborto, independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional, que a día de hoy estudia un recurso del Partido Popular contra la nueva normativa aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que los populares ven "aberrante" en varias de sus cláusulas.
En el primer aniversario de la polémica norma, y a pocas semanas de que el Santo Padre llegue a Madrid con su mensaje a favor de la vida, el PP reitera su postura más clara sobre un asunto por el que ha pasado de puntillas en la vigente legislatura, una vez la estrategia de la formación estuvo exclusivamente marcada por la crisis económica.
Ahora bien, en este caso Rajoy tiene muy claro qué hacer si llega finalmente a La Moncloa: "Cambiar la Ley" y "volver a la anterior", que fue aprobada por Felipe González y mantenida por José María Aznar en sus ocho años de Gobierno.
Antes, eso sí, esperará a la resolución del Alto Tribunal, habida cuenta de que el PP considera "probable" que declare inconstitucionales los supuestos elevados a su consideración y, si es así, "no habría que cambiar nada".
Para el PP, la línea de fuego de la Ley propulsada por el extinto Ministerio de Igualdad viene dada por los artículos que permiten el aborto libre hasta las catorce semanas de gestación -"Contrario al derecho a la vida"- y la posibilidad de que las menores de dieciséis y diecisiete años tengan la potestad de abortar sin el consentimiento de sus padres puesto que en la práctica, los progenitores no tienen por qué saber nada.
Aunque le recurso ante el Tribunal Constitucional engrosó más artículos, estos son los decisivos para el PP:
Artículo 12. Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.
Artículo 13.4. En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad.
Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades, deberá ser informado de la decisión de la mujer.
Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.
Artículo 14. Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes:
a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley.
b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención.
"Es la Ley del Aborto más radical de toda Europa", resumió el pasado domingo, ante los micrófonos de esRadio, Sandra Moneo, responsable de esta área del PP. Y es que, en voz de María Dolores de Cospedal, que una niña de dieciséis años "no pueda comprar tabaco o no pueda someterse a operaciones sin el consentimiento de sus padres" pero "sí pueda decidir abortar" no es otra cosa sino "aberrante", y de ahí la postura de su formación.
Como fondo de la cuestión, aseguran las fuentes consultadas, existe la permanente intencionalidad del Ejecutivo de la "división social" y del "enfrentamiento" con el único propósito de despertar "al votante más de izquierdas", alimentado por "los medios afines". Sin embargo, aseguran, a Rajoy no le temblará el pulso ante la "inconstitucionalidad" de la reforma de Zapatero, y ésta será su carta de presentación ante el Papa Benedicto, con quien se reunirá durante su estancia en la capital de España.