La consejera de Enseñanza no está dispuesta a cumplir la sentencia del TSJC sobre el castellano. Y lo ha dicho de forma muy clara en dos entrevistas concedidas este lunes a las emisoras de RAC1 y Catalunta Rádio.
"Somos muchos los que entramos en política por el tema de la lengua. Si he de salir de la política por el tema de la lengua, evidentemente, saldré, porque entré por el tema de la lengua. Estaba muy feliz siendo maestra, y me comprometí con la inmersión, con el catalán en la escuela, con la normalización lingüística. Ésta ha sido mi motivación y la de muchas otras personas, para nosotros es una cuestión mágica, una cuestión de fondo".
Considera que el fallo del TSJC sólo afecta a tres casos particulares y ha pronosticado que podrán "desactivar la consideración que afecta al carácter general".
Sin embargo, también ha reconocido que, si eso no fuera posible, "la consejera titular del departamento tendría graves problemas", que supondría "una multa o una inhabilitación para ejercer cargos públicos, que es lo que el señor (Albert) Rivera está anunciando ampliamente". "Pero, de momento, son problemas de la consejera, no del sistema", ha añadido.
La Generalidad tiene previsto presentar un recurso al auto del TSJC que le obliga a cambiar el sistema educativo para convertir la lengua castellana en lengua vehicular junto con el catalán, "para aclarar mejor el caos y saber qué permite la normativa", ha dicho la consejera. "Podemos atender los casos concretos de las familias demandantes, pero no cambiar todo el sistema". Afirma que la Generalidad "tiene la potestad para decidir la proporcionalidad de cada lengua", ha señalado.