El Tribunal Supremo (TS) ha abierto una investigación a la diputada de ICV Nuria Buenaventura por autorizar en 2009, cuando era directora de Medio Natural de la Generalidad de Cataluña, la captura de aves con pegamento, práctica que la Fiscalía catalana consideró ilegal y por la que se querelló contra ella.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha adoptado esta decisión al asumir la competencia de esta causa, para la que ha designado instructor al magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.
El pasado noviembre, la Fiscalía de Cataluña remitió al Supremo la investigación sobre la autorización de la captura de pájaros en 2009 en Cataluña, acordada por Buenaventura, al adquirir esta la condición de aforada cuando sustituyó en el Congreso a Joan Herrera, cabeza de lista de ICV a las elecciones catalanas.
Esta decisión choca con el discurso habitual de Buenaventura, partidaria de separar Los Verdes de Izquierda Unida para ser "más ecologistas". La última vez que Buenaventura alzó la voz en este sentido fue el pasado 11 de septiembre, cuando formuló una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre el Toro de la Vega.
El Ministerio Público catalán, que tenía casi ultimada su investigación sobre el caso antes de remitirla al Supremo, concluyó que existían indicios de que la aforada pudo incurrir en un delito de prevaricación.
La investigación pretende aclarar si hubo prevaricación administrativa en la resolución que Buenaventura dictó en julio de 2009, en la que autorizaba la captura "excepcional" en vivo de pájaros utilizando un tipo de pegamento que se aplica en los árboles, en el marco de un estudio experimental.
La resolución indicaba concretamente que "se aprueba la prueba experimental sobre la selectividad de la caza con liga para la captura de pájaros fringílidos durante el año 2009 en Cataluña mediante el procedimiento de autorizaciones excepcionales", lo que a juicio de la Fiscalía es contrario a la normativa europea, estatal y autonómica.
Apoyándose en esta resolución, la Dirección General de Medio Natural de la Generalidad concedió 3.374 licencias para la captura de aves con pegamento, aunque esa modalidad de caza está prohibida por la normativa.
Buenaventura ya declaró como imputada ante miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil por la resolución dictada, que permitía la captura excepcional de ejemplares de macho de cuatro especies: jilguero, verderón, pinzón y pardillo.