Los barceloneses que este fin de semana vean torear a José Tomás y a El Juli, entre otros, tendrán un plato fuerte en el repertorio de batallas que contar a los nietos. Habrán visto las últimas corridas de toros en La Monumental, una de las tres plazas que llegó a tener la Ciudad Condal. La misma cuyo ayuntamiento se proclamó antitaurino, antes de la prohibición de la fiesta que ejecutó el Parlamento de Cataluña para toda la región en el verano de 2010. Ahora queda por saber el futuro de la plaza -hasta se baraja que termine convertida en una mezquita- y si el Tribunal Constitucional indulta en un futuro próximo a la fiesta, atendiendo al recurso presentado por el PP.
Los populares justifican su recurso en el hecho de que las Comunidades Autónomas carecen de competencias sobre la tauromaquia. La materia está protegida por leyes estatales y europeas y en el último año, después de la prohibición, ha dejado de ser responsabilidad del Ministerio del Interior para pasar a Cultura. El Gobierno atendió así una tradicional reivindicación del mundo del toro, tras el varapalo de la prohibición en Cataluña. Sin embargo, no parece que la celeridad en la resolución vaya a imponerse esta vez en el intérprete de la Carta Magna, pendiente aún de renovación. En una entrevista publicada el viernes por Expansión, el secretario general adjunto del alto Tribunal, Miguel Ángel Montañés, aseguraba que la resolución tardará al menos dos años y que el TC tiene por delante otros doscientos recursos por resolver. Aunque la tardanza podría no ser del todo mala para los taurinos, siempre que un futuro gobierno de Mariano Rajoy proteja los toros como bien de interés cultural. Entonces cabría hablar, según Montañés, de "inconstitucionalidad sobrevenida".
Pero más allá de las actitudes de la clase política y de la oposición a la fiesta de una parte de la sociedad civil (conviene no olvidar que la prohibición nació de una Iniciativa Legislativa Popular) la salud de la afición a los toros dista de ser buena. No lo es en toda España y tampoco en Cataluña donde, con o sin prohibición, se mantenía con respiración asistida. Baste recordar el siguiente dato: de los casi dos mil festejos taurinos celebrados en España en 2009, la región catalana albergó únicamente veinte.
Lo cierto es que cualquier espectáculo que haya sufrido un descenso de asistencia de un 34% en los últimos cuatro años debe plantearse seriamente qué hacer para sobrevivir. Y a la considerada fiesta nacional, al margen de prohibiciones más o menos oportunistas, le ha llegado esa hora.