No ha sido un buen año este 2011 en materia de libertades lingüísticas. En las comunidades donde existen lenguas cooficiales, el castellano sobrevive en la marginalidad en el ámbito público. También en las gobernadas por el PP.
Y el discurso de investidura de Mariano Rajoy no hace prever mejoras, por lo menos en la libertad de elección de lengua en la enseñanza. El presidente del Gobierno prometió impulsar el trinlingüismo, pero nada dijo de un bilingüismo real y efectivo.
La fundación Unidad+Diversidad considera una "incongruencia" esta promesa de Rajoy "máxime cuando en el mismo discurso" el jefe del Ejecutivo señaló que era necesario "reforzar el vínculo iberoamericano y del papel de la lengua española como nexo de unión e instrumento económico de primer orden".
"El problema no es un tema de modelos, sino de libertad. Seguimos en lo mismo", se lamenta Juan de Dios Dávila, presidente de la fundación. Y es que los datos en la Comunidad Valenciana son alarmantes. "Sólo un 12% puede estudiar en castellano" y el resto de los alumnos están sujetos a programas de inmersión lingüística. Y es que tan sólo "el 11% de los colegios" en esta comunidad gobernada por el PP "tienen oferta de enseñanza en castellano".
"¿Por qué se dejó de hablar de esto en campaña?"
En Galicia tampoco ha cambiado nada este último año. Hace nueve meses salió a la luz un caso paradigmático; el de Diego, un niño de tan sólo seis años que soportaba todo tipo de vejaciones en su clase de Conocimiento del Medio por el mero hecho de llevar el libro de esta asignatura editado en castellano. Su madre, desesperada, emprendió una lucha sin cuartel, que no dio ningún fruto. Pasó de curso, sí, pero la consejería se puso al lado del centro y de la profesora gallega, que incluso dejó de dar clase un mes en señal de protesta por lo que ella debía de considerar todo un escarnio.
Si casos como el de Diego ocurren en los colegios concertados, la situación de los institutos públicos en este asunto es aún peor. En muchos, todas las asignaturas se imparten gallego y existen los llamados ‘departamentos de normalización lingüística’, que en la mayoría de los casos y una vez iniciada la etapa de Feijóo pasaron a llamarse ‘departamentos de dinamización lingüística’, pero el fondo y su labor sigue siendo exactamente la misma: el "adoctrinamiento nacionalista".
Ante esta situación, la ‘estrategia’ de Galicia Bilingüe ha cambiado. "Nos hemos dado cuenta que en lo que se refiere a la Educación poco íbamos a obtener" de la Xunta por más que "insistiéramos" en denunciar este tipo de prácticas, explicó a LD su presidenta, Gloria Lago. Por ello, ahora, su labor principal es la de concienciación en los distintos ayuntamientos gallegos, así como distintas iniciativas ante los tribunales.
La primera de ellas es una tarea ingente que consiste en reunirse con los alcaldes de las ciudades más pobladas para insistir en la necesidad del bilingüismo en la administración pública. Y la segunda, estar pendientes de las causas en la que está personada la asociación, como las denuncias que presentaron contra la Xunta siete padres que reclaman que la primera enseñanza sea en la lengua materna.
Ahora, con la llegada del nuevo Gobierno del PP, Gloria Lago ha avanzado que retomarán sus peticiones al presidente del Ejecutivo, aunque no se ha mostrado muy esperanzada con que vayan a surtir efecto. "A este tema le tienen mucho miedo", y se pregunta: "¿Por qué dejó de hablar de esto en campaña? Parece que hay un pacto para no hablar de ello".
Vigilantes ante las políticas de Bauzá
La sensación en Baleares no es exactamente la misma. Allí reina aún la "expectación" ante los próximos movimientos que realizará el presidente popular, José Ramón Bauzá, que concurrió a las elecciones prometiendo "libertad lingüística absoluta".
Círculo Balear se muestra satisfecho con el anteproyecto de ley que el gobierno insular ya ha presentado, en el que el catalán deja de ser "requisito" para acceder a la administración. Sin embargo, uno de los patronos de la fundación, Joan Font Rosselló, alerta en una tribuna publicada en El Mundo, en la edición local, que la "rebaja de requisito a mérito del catalán para acceder a la función pública no tendrá apenas ninguna trascendencia puesto que, tal como está la situación, transcurrirán años antes de convocar más ofertas de empleo público, siendo probable que ni siquiera se cubran las plazas que se amorticen por jubilación".
Además, en el terreno educativo han faltado a su promesa, denuncian desde Círculo Balear. "Están siendo un poco más tibios". Se aseguró, en el programa electoral, libre elección de lengua en todos los ciclos educativos. Sin embargo el consejero de Educación, Rafael Bosch, ha alegado motivos económicos para reducir esa libertad a los cursos de Infantil y los "dos primeros ciclos de Primaria". Aunque no todo está perdido ya que Bosch ha prometido estudiar todas las posibilidades.
"Hay que estar vigilantes", señalan desde Círculo Balear para que no termine ocurriendo lo que ya es un hecho en la Galicia de Feijóo.
El caso del País Vasco
En el País Vasco la situación no es mejor. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo el 18,8% de los alumnos reciben la enseñanza en castellano. María Aldecoa –representante de Libertad de Elección Lingüística-País Vasco– señaló el pasado mes de septiembre, en un acto junto a otras plataformas defensoras de la libertad lingüísticas que lo único que piden es "valentía para hacer cumplir la ley, los hijos son nuestros, no de la administración".
El gobierno "insumiso" de la Generalidad
Pero donde la situación es más dramática es en Cataluña. "Montilla y el tripartito hicieron el trabajo sucio a CiU", que, como era de esperar, "lejos de repararlo lo ha endurecido", explica el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
El caso catalán es especialmente sangrante puesto que aparte de la sentencia del Tribunal Constitucional, existen dos fallos del Tribunal Supremo obligando a la Generalidad a "adoptar cuantas medidas sean necesarias" para adaptar el sistema de enseñanza a la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, a introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
Y eso sin contar la sentencia del Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que llegó a dar dos meses de plazo al Gobierno de Mas para facilitar la educación del castellano en los colegios. Sin embargo, la Generalidad presentó un recurso y el auto de ejecución, por el que se daba el ultimátum, se paralizó. Y en eso siguen, "presionando políticamente", denuncia Rivera, para que el asunto se "diluya, se demore" lo más posible e intentado maniobrar para que el que se pronuncie finalmente sea el Pleno del TSJC, más proclive a sus planteamientos, denuncian desde C´s. Mientras tanto, "el Gobierno se declara insumiso".
Paralelamente, el PP ha dejado de incomodar con este asunto. "Ahora hay un acuerdo para gobernar el Ayuntamiento de Barcelona", así como otros pactos de gobierno por lo que "se silencia el asunto" por parte de los populares, dice C's.
Mientras, las multas lingüísticas siguen existiendo; sanciones que padecen los pequeños empresarios y comerciantes. Casos como el de Manuel Nevot o Xurde Rocamundi siguen sucediendo en Cataluña.