En el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, se eliminan los párrafos de la Ley General de Comunicación Audiovisual en los que se obligaba a los entes públicos a impulsar la producción propia de su programación "de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas".
Asimismo, se retira de la ley el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes "ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determinen los mandatos marco que para cada ente se aprueben en desarrollo del marco competencial correspondiente".
En ambos casos, la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, incluidos RTVE, por lo que su eliminación de la norma teóricamente podría afectar también a TVE, aunque el funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado por un conjunto de leyes, entre ellas la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública, y que no han sido modificadas.
Por otro lado, tal y como informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el anteproyecto incorpora a la ley un nuevo párrafo en el que se afirma que "las comunidades autónomas determinarán los modos de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades, en la gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración público-privada".