Las fiestas del Orgullo Gay que se celebran cada año en Madrid a primeros de julio atraen a miles de visitantes y turistas y son, por tanto, un negocio que asciende a miles de euros, quizá cientos de miles aunque resulta muy difícil cuantificarlo.
Pero lo peor del asunto es que este negocio podría estar dando lugar a unas prácticas cuanto menos cuestionables, tal y como denuncia El Mundo en un reportaje publicado este lunes, en el que se refleja que la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (Legal) cobra una "contribución" a las empresas que deseen colaborar con los festejos.
Representantes de dicha asociación hablan de la citada "contribución" como de algo voluntario: "El que quiere se adhiere (...) y el que no, no; y no pasa nada". Sin embargo varios hosteleros han denunciado que no es exactamente así: mientras que firmando el contrato de Aegal se les facilitan colocar barras en el exterior de los locales durante las fiestas, en el caso de que el empresario intente hacerlo por su cuenta el Ayuntamiento lo deniega sistemáticamente.
Una denegación que, según una abogada consultada por El Mundo es "absolutamente discrecional y, en mi opinión, recurrible y anulable de pleno derecho", ya que "no se puede prohibir a un establecimiento que venda alcohol por la Ley Antibotellón cuando el de al lado lo está haciendo".
Algunos hosteleros, que han preferido refugiarse en el anonimato para opinar en el artículo, denuncian también que entre las condiciones del contrato está que han de "comprar en exclusividad los productos facilitados por los patrocinadores", y que incluso son obligados a unos "consumos mínimos".
Los permisos los tramita el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) que cede su gestión a la mencionada Aegal que, en virtud del citado contrato, cobra a los hosteleros cantidades que van desde 350 a 2.800 euros.