La Generalidad de Artur Mas tensa la cuerda un día sí y otro también con el Gobierno de Mariano Rajoy. CiU hace difíciles esos acercamientos y gestos bienintencionados del Ejecutivo central.
Hace poco más de una semana, el presidente catalán fue recibido en la Moncloa durante cerca de dos horas. Allí Mas y Rajoy acordaron que habrá un primer respaldo de los nacionalistas catalanes a las medidas que vaya aprobando el Gobierno, si bien no será a cambio de nada.
"Podemos puntualmente colaborar con las reformas", pero siempre en función de "la relación entre Cataluña y el Estado, y Cataluña y el resto de España", advirtió Mas ante los periodistas al término del encuentro. Como "línea roja" infranqueable, entre otras, la política lingüística de la Generalidad y su modelo educativo.
Precisamente, sobre la imposición lingüística calló el ministro Wert durante su primera intervención en el Congreso para anunciar las medidas que llevará a cabo su Ministerio. Sólo cuando fue interpelado por el diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, sobre este asunto, José Ignacio Wert respondió que estará "vigilante". "No es un tema que dejemos de lado", aseguró.
Pero lo cierto es que existen sentencias –del Tribunal Constitucional, dos del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– que obligan a la Generalidad a introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Y no se cumplen.
El ministro no dijo nada acerca de eso ni de cómo va a hacer el Ejecutivo para hacer cumplir la ley en esta comunidad, y aún así, la consejera catalana de Educación, desafiante, afirmó días después que "no hay ninguna norma de Estado, ahora mismo y esperemos que no la haya, que reconozca este derecho (el de los padres a elegir la lengua en la que sean educados sus hijos) en el nivel de derecho a la educación".
Esta misma consejera, Irene Rigau, fue la que este martes anunció el rechazo de su gobierno a impartir la nueva asignatura Educación Cívica Constitucional, que sustituye a la polémica Educación por la Ciudadanía. "En Cataluña, hablar de la Constitución no ha de ser igual que en otras zonas", afirmó Rigau, por lo que allí se adaptará de tal forma que lo que estudien los alumnos en las escuelas sea una versión sobre los estatutos de autonomía.
Casi en paralelo a este nuevo desafío, se producía en Madrid un encuentro "discreto" entre Soraya Sáenz de Santamaría y el diputado de CiU, Duran Lleida. Ambos se reunieron en un restaurante para afianzar su alianza en el Congreso, y la cita resultó ser "muy cordial", según supo este periódico.
Este miércoles, tan sólo un día después, el expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol, amenazaba al Gobierno: si no acepta el pacto fiscal para Cataluña, la única opción que quedará será la independencia. En un editorial del Centro de Estudios Jordi Pujol afirma que, si a pesar de los esfuerzos del gobierno catalán para impulsar un "cambio radical" de financiación el Estado español impone la continuidad del sistema actual –antes incluso de entrar en el terreno propiamente político e identitario–, la conclusión ya sería definitiva".