El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había anunciado que este miércoles daría a conocer el fallo sobre el recurso interpuesto por la Generalidad, que defiende la imposición lingüística en las escuelas. Sin embargo, no ha sido así.
El gobierno de Artur Mas interpuso este recurso contra el utimátum que dio el propio TSJC instando a la Administración a que en el plazo de dos meses implantara el castellano como lengua vehicular en los colegios para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que así lo establecen.
Cuando los abogados de Convivencia Cívica Catalana, una de las partes personadas en este proceso, han acudido este miércoles hasta las dependencias del tribunal para que les fuera notificada la resolución, les han citado para estes jueves a las 11 de la mañana.
Fuentes jurídicas consultadas por la agencia EFE señalan que los 24 magistrados que integran el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo aún no han tomado una decisión y que seguirán deliberando este jueves. Es necesario que 13 de los 24 magistrados estén de acuerdo en uno u otro sentido.
Pero, según ha podido saber Libertad Digital, la decisión ya estaría tomada. El "problema" es que algunos de los magistrados –sometidos a grandes presiones políticas– habrían solicitado al resto de sus compañeros que el fallo se hiciera público a la vez que el resto del contenido del auto y de unos previsibles votos particulares. Presumiblemente varios de los magistrados emitirán votos particulares; votos que discreparían con el sentido del fallo y que, en el caso de que fuera favorable al Supremo, servirían para aplacar las iras nacionalistas y para presentar el auto como "polémico".
Otra de las fuentes consultadas por LD señala que se estaría intentando conseguir que algún magistrado ‘cambie de bando’ a lo largo de la tarde del miércoles, de tal manera que no se alcanzase la mayoría necesaria.
La Generalidad alegaba en su recurso que con su actuación para garantizar el conocimiento de ambas lenguas oficiales a los escolares está "debidamente ejecutada" la sentencia del Supremo y cumplida la legislación vigente y la doctrina del Tribunal Constitucional (TC). El Departamento de Educación argumentó también que el fallo del Supremo, dictado a instancia de tres familias que exigían ser escolarizadas en castellano (representadas por Convivencia Cívica Catalana), afecta exclusivamente a esos alumnos, a los que ya se ofreció atención lingüística personalizada.
La decisión que notifique mañana, jueves, el Pleno de la sala puede ser también recurrida de nuevo ante el Supremo.
El TSJC tiene que ejecutar la "sentencia firme" del TS
El abogado de las familias recurrentes, Ángel Escolano, ha pedido a los magistrados que "ejecuten la sentencia firme" del Supremo. Según Escolano, el TSJC no puede hacer un auto "diferente" a la decisión del Tribunal Supremo, ya que "no hay margen jurídico" para ello. El abogado ha apuntado que el Supremo lo que hace es introducir la lengua castellana de tal forma que no quede relegada como si fuera una "lengua extranjera" a recibir en unas pocas clases.
C´s, "preocupado" por las "presiones" a los jueces
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado a este periódico que espera que "los jueces, a pesar de la presión que están recibiendo en las últimas semanas por el nacionalismo y todos sus brazos políticos y sociales y de subvencionados, no sufran esa presión, sean independientes y, por tanto, resuelvan este auto de la manera más razonable".
Rivera recuerda que hay "tres sentencias del Supremo que dejan bien claro que hay que reintroducir el castellano como lengua vehicular en la escuela catalana". Es por ello que espera que el tribunal "simplemente lo haga" y no acepte las "absurdas" alegaciones de la Generalidad.
No obstante, desde C´s se muestran "verdaderamente sorprendidos, incluso preocupados, por la presión política y social sobre los tribunales"; incluso han "reventado los correos particulares de muchos de esos magistrados", denuncian. Para el líder del partido catalán, "es inaceptable que se presione al poder judicial, porque además estamos hablando de la ejecución de algo que ya es firme, no es una deliberación".
No obstante, Rivera espera que la Justicia "ponga las cosas en su sitio" y que la "Generalidad lejos de rebelarse y convertirse en insumisos de salón frente a ello", cumplan el fallo aunque sea contrario a sus postulados.