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Lobbys catalanistas acusan a C's de "genocidio lingüístico"

Convivencia Cívica ha anunciado un recurso contra el auto del TSJC en contra del castellano en las aulas y el dictado del Supremo.

Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió su dictamen favorable al recurso interpuesto por la Generalidad y defendiendo la imposición lingüística del catalán en las escuelas.  El gobierno de Artur Mas había interpuesto este recurso contra el utimátum que dio el propio TSJC instando a la Administración a que en el plazo de dos meses implantara el castellano como lengua vehicular en los colegios para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que así lo establecen.

No obstante, las plataformas nacionalistas auspiciadas y apoyadas por Mas, que avalan la inmersión en catalán y desprecian el castellano, siguen presionando contra toda disidencia. La plataforma Escola en Català ha advertido este sábado del "genocidio lingüístico" que supondría que el catalán dejara de ser la única lengua vehicular en la escuela catalana, tal y como defienden la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC) y C's.

En un comunicado, la portavoz de la entidad, Mercè Escarrà, ha asegurado que "no se deja intimidar por el españolismo" y seguirá defendiendo el catalán con todos los instrumentos a su alcance, como la campaña de envío de 60.000 correos electrónicos a los magistrados del Pleno de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Escarrà ha pedido "que el pueblo de Catalunya no se deje amilanar ante aquellos quien quieren romper la convivencia y el modelo lingüístico".

Rivera: "Es cuestión de meses"

Por su parte, el líder de C's, Albert Rivera, ha opinado este sábado que es "cuestión de meses" que el castellano se introduzca como lengua vehicular en las escuelas catalanas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya instado al Gobierno catalán a ofrecer atención lingüística individualizada a las tres familias que querían clases en castellano, decisión que se recurrirá.

En una rueda de prensa junto al abogado de la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), Ángel Escolano, Rivera ha apoyado el recurso que tiene plateando la plataforma, y ha augurado que la sentencia que el Tribunal Supremo (TS) dictó en septiembre de 2010 para incorporar el castellano podría comenzar a aplicarse en el próximo curso escolar: "Será cuando al Supremo le llegue el recurso que diga que el TSJC no ha ejecutado la sentencia que ha dictado".

Rivera ha criticado que la defensa de la inmersión por parte de la Generalidad se basa en una mentira, ya que la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, "judicialmente asegura que el castellano ya es vehicular, pero públicamente no se aplica y saca pecho por no hacerlo", acogiéndose como única salida a la confusión pública, en su opinión.

Ha lamentado que el auto de ejecución del tribunal catalán es el modelo que nadie quiere, ya que convierte "en una atención separada lo que es normal en la calle, recogido por la Constitución y el Estatut", por lo que ha pedido que dejen de ponerse trabas a un modelo de convivencia lingüística que los ciudadanos ya ejercen en su vida privada.

Rivera ha subrayado que el modelo de escuela que plantea C's ya existe, y se aplica "en las mejores escuelas privadas, a las que van los hijos de los presidentes" del Gobierno, donde se aplica un trilingüismo que cree que debería introducirse en la escuela pública aprovechando el auto del tribunal.

El líder de C's ha animado a Rigau a que si está segura de que la mayoría de padres avalan la inmersión, les dé la opción de escoger idioma a la hora de inscribir a sus hijos en la escuela, y ha cargado contra "las entidades que se reúnen con ella y reciben subvenciones, que están contra la convivencia normal y no quieren la pluralidad".

Preguntado sobre la posibilidad de inhabilitar a la consejera si ésta se niega a cumplir la sentencia, ha contestado que "es una vía posible, que está ahí", y aunque espera que no se llegue a ese extremo, ha expresado que "todos saben qué pasa cuando hay un desacato judicial".

Por su parte, el abogado de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, ha precisado que no se pueden asegurar plazos de ejecución porque la justicia "está colapsada", aunque se ha sumado a Rivera en el deseo de que se comience en el curso que viene.

Escolano ha criticado que el último auto de ejecución es incongruente, ya que deja incumplida la sentencia del TS, que considera que crea jurisprudencia y con la que "ya se puede ir a la administración y exigir la educación en dos idiomas", por lo que pedirán la anulación del último auto.

"La inmersión ya ha sido declarada ilegal por el Supremo, y la Generalitat jurídicamente reconoce que es ilegal, porque para defenderse niega que haya inmersión y dice que hay conjunción lingüística", modelo según el cual ya cumple la introducción del castellano, ha dicho.

Un recurso para el 19 de marzo

Según ha avanzado a Europa Press, Escolano recurrirá el próximo 19 de marzo ante el Tribunal Supremo (TS) el auto dictado, y busca una vía procesal lo más rápida posible, cuyo principal argumento será que el auto del TSJC no ejecuta la sentencia del TS en la que instaba a la Generalidad a adoptar las medidas necesarias para "adaptar el sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional (TC) que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán".

Escolano defiende que hay incongruencia entre el fallo del TSJC y la sentencia del TS, y apunta que el tribunal catalán no puede rectificar el sentido de una sentencia del TS.

Además, asegura que la parte del auto del TSJC en la que obliga a la Generalidad a prestar atención lingüística personalizada "sienta jurisprudencia", y ha avisado que de hecho ya es así porque bastan tres sentencias del TS para sentar jurisprudencia, y de momento la plataforma ya cuenta con cinco sentencias favorables.

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