Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley, que se tramitará por la vía de urgencia, de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, de 31 de marzo de 2010, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica. El objetivo es "amplíar la capacidad de elección y decisión para decidir cómo prestan las comunidades autónomas la actividad de las televisiones autonómicas".
Los gobiernos regionales, ha dicho la vicepresidenta, "decidirán si prestan o no el servicio público de televisión". Si deciden dejar de prestar el servicio podrán convocar los correspondientes concursos para la adjudicación de licencias privadas. En este sentido, podrán transformar la habilitación de servicio público en licencia y transferirlo a un tercero, de acuerdo con su legislación específica. En otras palabras, por primera vez el Gobierno abre la puerta a una privatización total de las televisiones.
Por otro lado, si las comunidades "deciden prestar ese servicio público de televisión", podrán hacerlo no sólo mediante gestión directa sino que "también podrán optar por fórmulas de gestión indirecta". Se amplía, ha explicado, "la capacidad de cómo se presta la actividad de televisión autonómica, que hasta hoy debía prestarse la propia administración", lo que se traduce en que podrán recurrir a una gestión privada. Si deciden mantener el ente puedan optar por las siguientes alternativas de gestión:
- Gestión directa, permitiéndose además la cesión total o parcial a terceros de la producción y edición de toda su programación, incluidos los servicios informativos;
- Gestión indirecta;
- Otras modalidades de colaboración público-privada.
Según ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, con esta decisión "se busca una mayor eficacia y eficiencia y responde a peticiones de muchas comunidades autónomas que ante las dificultades reclaman que se amplíen las posibilidades" de gestión.
A la ley, se suma la obligación de que si la comunidad mantiene la gestión pública de la televisión, "el ente que lo gestione tendrá que cumplir los principios de estabilidad presupuestaria", es decir, "no se permitirán desequilibrios en gastos e ingresos".
El Gobierno fija además una serie de obligaciones de carácter financiero que todas las televisiones públicas deberán cumplir:
- Fijación de un límite máximo de gasto anual que no podrá rebasarse.
- La memoria y el informe de gestión anuales harán una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros y, en caso de no encontrarse en equilibrio, deberán reducir los gastos en el siguiente ejercicio en una cantidad equivalente a la pérdida o déficit generado.
- Obligación de presentar anualmente ante el órgano competente de cada Comunidad Autónoma un informe que ponga de manifiesto que la gestión de la televisión pública se adecua a los principios de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- Las Comunidades Autónomas deben establecer los sistemas de control que permitan la adecuada supervisión financiera de sus televisiones públicas.
El proyecto de ley aprobado es el resultado de un anteproyecto de ley que el Ejecutivo remitió a distintos órganos consultivos y de los informes elaborados por éstos sobre las televisiones autonómicas.
El Gobierno también había anunciado en los primeros días de legislatura su intención de modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual para eliminar la prohibición de que las televisiones autonómicas puedan ceder a terceros determinados programas.
Así, el pasado mes de marzo la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se mostró a favor de la introducción de gestión privada en las televisiones autonómicas al considerar que podía contribuir a introducir competencia en esos ámbitos. Además, la CNC señalaba diversas ventajas que podría suponer este sistema para la gestión de los recursos públicos.
La CNC valoró el anteproyecto del Ejecutivo y recordó que la participación de financiación pública en el total de los ingresos de las televisiones públicas en España está por encima del 30%. Además, la CNC señaló que, mientras aumenta el coste, las televisiones públicas autonómicas vienen reduciendo su cuota de audiencia en los últimos años (unos seis puntos porcentuales, del 17,3% al 11,3%, entre 2005 y 2010).
Algunas comunidades autónomas estaban pendientes de esta decisión del Ejecutivo para emprender las reformas prometidas en campaña electoral. Es el caso de Castilla-La Mancha, que en principio apostaría por un formato mixto. La Comunidad de Madrid y la Región de Murcia apuestan por un servicio de televisión que tienda a la privatización total, según las fuentes consultadas.