Expresaba su crítica de este modo: "El modelo de un desarrollo energético y económico sostenible que Izquierda Unida defiende en su programa se vuelve palabrería cuando algunos dirigentes de esta formación política toman el mando de ciertos municipios malagueños".
Se refería concreta y especialmente a tres pueblos: Torrox, Arriate o Casares. En el último, Casares, cuna de Blas Infante, se ha producido el nuevo escándalo municipal andaluz que afecta de lleno al nuevo gobierno de coalición PSOE-IU. Casares se ha convertido en el octavo municipio de la provincia de Málaga cuyo alcalde o exalcalde es detenido por corrupción en los últimos años.
La detención de Juan Sánchez, el exalcalde de IU por, entre otros cargos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, ha provocado una intensa alarma social. Por su parte, ABC destaca la presencia de la mafia rusa en la red tejida en Casares.
Gobernando durante décadas
Hasta ahora sólo se sabía de Casares que estaba gobernado durante décadas por un alcalde de IU, Juan Sánchez, que era además presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol desde 1982 con un breve paréntesis "gilista" de cinco años.
Sobre él pesaba ya una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga por permitir la construcción de dos viviendas ilegales tras haber tenido conocimiento de que el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) había abierto dos expedientes para restablecer legalidad alterada. Una vez terminadas las viviendas, el Ayuntamiento de Casares decretó su archivo, lo que para la Fiscalía constituía un delito contra la ordenación del territorio.
Además, el municipio de Casares albergaba ya Doña Julia Golf Resort, una gigantesca promoción que combina la fórmula golf y viviendas residenciales, macroproyecto descrito como "el mayor pelotazo urbanístico de la Costa del Sol" por Ecologistas en Acción.
Registro policial
Este lunes por la mañana la Policía y la Guardia Civil entraban en el Ayuntamiento y ordenaban la entrega de numerosa documentación sobre asuntos urbanísticos. El exregidor casareño y su esposa eran detenidos en el domicilio familiar. Después de todo el día de investigación, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Estepona ha dictado de madrugada prisión provisional bajo fianza de 200.000 euros y ha dejado en libertad a su mujer.
En la operación se ha entrado y se han registrado 11 inmuebles, además del Ayuntamiento, y se han bloqueado 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos, tal y como informa el Ministerio del Interior. Según los investigadores, los detenidos son considerados responsables de presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La mafia rusa
Ayer mismo, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil informaba en un comunicado de conexiones con organizaciones criminales. ABC precisa que estas conexiones existen con grupos mafiosos rusos que tienen intereses inmobiliarios en la zona.
Al parecer, los investigadores han puesto al descubierto que mafiosos rusos sobornaron al exregidor de Izquierda Unida para que recalificara terrenos donde luego se construyó con dinero procedente del crimen organizado.
Entre los inquietantes personajes que han aparecido está Ricardo Fanchini, actualmente encarcelado en Estados Unidos y al que este país considera uno de los mayores traficantes de droga y blanqueo de dinero en EEUU y en Europa. Antes, se había dedicado al contrabando de vodka y coches de lujo robados en Alemania.
Su hombre fuerte en Málaga sería Robert Gaspar, supuesto propietario de la promotora beneficiada por el exalcalde, es para los investigadores un empleado de Fanchini.
El "buen" alcalde
Juan Sánchez es un personaje clave de Izquierda Unida en Málaga. Fue aupado a la alcaldía en las elecciones democráticas de 1979 y, salvo cinco años, ha regido el municipio hasta el 14 de abril de 2009, día en que renunció, según sus declaraciones, por cansancio.
En realidad, su renuncia tuvo que ver con dos investigaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente por delito urbanístico. Aún así, incluso los concejales de la oposición le despidieron con suma cordialidad. Sánchez fue sustituido por su primera teniente de alcalde, Antonia Morera. Fue también presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental. Tras las elecciones de 2011, donde fue en la lista en sexto lugar, lugar discreto para quien lo había sido todo en el pueblo, es concejal de vivienda.
La Fiscalía Anticorrupción ordenó recabar información especialmente sobre el asunto de la recalificación de los terrenos de Majestic Hills, una urbanización de más de 500 viviendas en la estrecha franja costera del municipio, situado en el extremo occidental de la provincia y que fue objeto de una enorme presión del sector del ladrillo durante el boom inmobiliario.
Según El País, en esta zona cercana al mar el Ayuntamiento acordó en 2004 con la promotora Majestic Construction and Development un cambio en el planeamiento del municipio. Según denunció en su día el PSOE local, esta recalificación permitió a la empresa construir 83 viviendas más de las previstas por el método de convertir en adosados lo que inicialmente eran viviendas unifamiliares.
El PSOE local también puso sobre la mesa en aquella ocasión la concesión de la licencia de primera ocupación del complejo urbanístico cuando las obras de adecuación de viales y de conducción de aguas estaban sin terminar pero la denuncia del PSOE fue archivada por la Fiscalía que solo apreció infracciones administrativas.
Más detenidos
Además de Sánchez y su esposa se procedió a la detención de un abogado con despacho en Estepona con iniciales R. G. A. y de otra mujer cuya identidad se desconoce, pero que supuestamente está relacionada con la comercialización de las viviendas de Majestic. La investigación, que se lleva en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona desde el año 2010, ha implicado la entrada y registro de 14 domicilios —entre viviendas particulares, despachos profesionales y el propio Ayuntamiento— y el bloqueo de 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un comunicado.
Los investigadores atribuyen a los cuatro detenidos "por el momento" delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. A última hora de la tarde del lunes los arrestados comenzaron a pasar a disposición judicial. La operación, que sigue abierta, ha sido declarada bajo secreto de sumario.
Reacción de Izquierda Unida
El diputado de IU Gaspar Llamazares señaló que "cualquiera que meta la mano en el dinero público debe ser juzgado severamente". "Si es así, no tiene derecho a pertenecer a una organización y mucho menos a una que pretenda representar a los ciudadanos", manifestó en la presentación en Salamanca de la corriente interna Izquierda Abierta.
A su juicio es "intolerable" la corrupción política, y "la respuesta debe ser ejemplar". El propio Valderas, líder de IU en la comunidad, ha recalcado que "caiga quien caiga" debe combatirse la corrupción.