Por una parte, el juez Juan Gutiérrez Casilla ha ordenado investigar 34 nuevas empresas dentro del escándalo de Invercaria en el que hasta ahora se investigaban las cuentas de otras seis empresas.
Los 14.000 folios ya existentes y los que se esperan hacen que se haya habilitado una sala completa para guardar la documentación. Recuérdese que fue un informe de la Cámara de Cuentas el que alertó sobre las irregularidades de Invercaria, la empresa pública de la Junta, poco ética al decir de su ex presidenta Laura Gómiz.
Por otra, las diferencias de criterio entre la juez Alaya y la Audiencia Provincial de Sevilla han dado como resultado que los dos principales encarcelados en régimen de prisión preventiva en el caso de los ERE, el ex consejero Fernández y el ex director general Guerrero, puedan salir en libertad en las próximas horas.
Mientras la juez Alaya se negó a su excarcelación por razones de alarma social y peligro para la instrucción de la causa, la Audiencia Provincial, atendiendo al recurso del letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, accedió a fijar la fianza de 450.000 euros que están ya siendo reunidos por el ex consejero.
Consecuentemente, la juez Alaya ha tenido que fijar la fianza de 250.000 euros para la libertad con cargos del ex director general Guerrero que es posible salga de la cárcel este mismo fin de semana.
El caso del juez Serrano
Quizá la más fuerte de las noticias relacionadas con los Tribunales, que va a causar una gran polémica en Andalucía y en España, es la decisión del Tribunal Supremo de aumentar de 2 a 10 años la inhabilitación del juez Francisco Serrano, tras resolver los recursos del propio juez y de una de las partes.
La condena, ahora agravada, deriva del modo en que Serrano cambió el régimen de visitas de un niño de 11 años para garantizar su salida en una procesión de Semana Santa en 2010. El condenado pierde así definitivamente el cargo que ostenta y la posibilidad de obtener durante esos 10 años cualquier empleo o cargo en la carrera judicial.
Sin embargo, dos de los magistrados de la Sala del Supremo han emitido voto particular y consideran que Serrano podría haber razonado más la modificación del turno de custodia pero no creen que la suya fuese una decisión injusta.
Aluden también al hecho de que el abogado del padre del menor y el propio juez aparecieran en los medios de comunicación tras dictar la resolución y ahí sí creen "incompatible" con los deberes que impone la deontología su actuación, que, en su opinión, "merecería ser depurada conforme a las normas disciplinarias aplicables a cada profesional".