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El Gobierno autoriza un duopolio televisivo en nombre de la "pluralidad"

El Gobierno permite que dos grupos, Antena 3 y Mediaset, acumulen 16 canales, 8 cada uno. Y dice que lo hace para garantizar "la pluralidad".

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El Gobierno permite que dos grupos, Antena 3 y Mediaset, acumulen 16 canales, 8 cada uno. Y dice que lo hace para garantizar "la pluralidad".

El gobierno ha autorizado la absorción de La Sexta por Antena3 y, aunque dice que lo hace "con condiciones" modifica los duros requisitos que había impuesto el Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por "razones de interés general y el mantenimiento de pluralismo informativo".

Sin embargo, la medida supone la confirmación de facto de un duopolio televisivo integrado por Mediaset y por Antena 3, grupos que acapararán cada uno ocho canales nacionales de TDT y que en conjunto se repartirán más del 85% del mercado publicitario.

Al mismo tiempo, las medidas del gobierno Zapatero, que Rajoy ni ha frenado ni revertido, han empujado a una situación muy complicada, en algunos casos el cierre, a televisiones como Intereconomía y VeoTV a pesar de que alcanzaban cifras apreciables de audiencia, impidiéndoles compartir publicidad con los canales de otras compañías mientras que a Antena 3 y Mediaset se les permite compartir contenidos entre sus ocho marcas.

Además, lejos de salvaguardar la pluralidad, este modelo televisivo ha dificultado el desarrollo de otros canales más pequeños, como Libertad Digital TV, a los que resulta imposible competir en igualdad de condiciones con los gigantes del duopolio estatal.

Explicaciones confusas

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría ha pasado muy por encima de la cuestión y sólo ha dado más explicaciones, no muchas, al ser preguntada por los periodistas.

Así, ha admitido que el Gobierno "sólo puede modificar" la decisión de la CNC "si hay otras razones" que no estén relacionadas con la competencia. Así, la vicepresidenta se ha escudado en el "proceso de dividendo digital y de apertura de nuevos espacios tecnológicos" que está lanzando la Unión Europea y que, de hecho, se ha presentado también este viernes. Según Sáenz de Santamaría, este proceso, cuya entrada en vigor se ha adelantado a enero del 2014, supone "la necesidad de reorganizar el espectro que se destina a unos y otros operadores".

También ha aludido al "momento particular del mercado audiovisual" y a que era necesaria "una reducción del número de canales" de los operadores privados de televisión, aunque no ha dejado claro con cuántos se van a quedar los grandes operadores.

Además ha señalado que el Gobierno ha "trabajado muy intensamente con UTECA", la patronal de las televisiones privadas y, de hecho, ha agradecido "a todos los operadores" la "capacidad de diálogo" que han mostrado durante el proceso.

Condiciones de competencia

Competencia autorizó la fusión de Antena 3 y La Sexta, imponiendo a la compañía resultante una serie de condiciones. Así, tal y como informa Europa Press, la CNC había subordinado la operación al cumplimiento de distintas condiciones durante un periodo de cinco años referidas al mercado de la publicidad, la oferta de canales del grupo resultante, la compra de derechos o la obligación por parte del nuevo grupo de suministrar información a la Competencia.

El acuerdo de fusión por absorción entre Antena 3 y La Sexta fue anunciado en diciembre del año pasado. Posteriormente, en abril de este año, la operación fue ratificada por la Junta de Accionistas de Antena 3 y la previsión era que la fusión pudiera estar completada para el mes de junio. Sin embargo, la investigación realizada por la CNC, que en marzo abrió una segunda fase de análisis para descartar cualquier perjuicio a la competencia, ha retrasado la culminación del acuerdo.

Tras conocer las condiciones de Competencia, tanto Antena 3 como La Sexta mostraron su oposición al respecto. En el caso de Antena 3, la cadena consideraba que, en caso de aceptarlas, implicaría competir "en condiciones inferiores" a Mediaset por lo que señaló, al igual que La Sexta, que agotaría todos los mecanismos legales e instancias administrativas con el objetivo de defender la operación y sus intereses. El favor del Gobierno les ha permitido no alargar en exceso la batalla legal.

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