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Absuelven a Julián Muñoz y a otros siete ex ediles de Marbella por autorizar una licencia de obra en zona verde

El ex alcalde Marbella, Julián Muñoz, y siete ex concejales del GIL en el Ayuntamiento marbellí han sido absueltos de un delito contra la ordenación del territorio, al conceder a la empresa Moansa, en diciembre de 1996, una licencia para construir chalés en zona verde. El magistrado ha comunicado que que "la actuación de los acusados fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, pero no excede del ámbito de la mera ilegalidad". Muñoz ingresó el pasado jueves en la prisión de Alhaurín de la Torre, (Málaga), por un delito de corrupción en el Ayuntamiento, detectado en la operación "Malaya".

El ex alcalde Marbella, Julián Muñoz, y siete ex concejales del GIL en el Ayuntamiento marbellí han sido absueltos de un delito contra la ordenación del territorio, al conceder a la empresa Moansa, en diciembre de 1996, una licencia para construir chalés en zona verde. El magistrado ha comunicado que que "la actuación de los acusados fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, pero no excede del ámbito de la mera ilegalidad". Muñoz ingresó el pasado jueves en la prisión de Alhaurín de la Torre, (Málaga), por un delito de corrupción en el Ayuntamiento, detectado en la operación "Malaya".
L D (Europa Press) Los ex concejales marbellíes absueltos, según la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga, de 39 folios, son Pedro Román, Rafael González, Maria Luisa Alcalá, Mario Jiménez, José Manuel Pomares, Manuel Calle y Juan Antonio Yagüe, hermano de Marisol Yagüe. El titular del juzgado, aunque reconoce que la actuación de los acusados fue "contraria" a las normas urbanísticas, ha advertido de que "no puede trasladarse al campo del derecho penal toda irregularidad administrativa porque ello nos llevaría a una exacerbación del derecho punitivo".
 
El magistrado establece que "la actuación de los acusados fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, pero no excede del ámbito de la mera ilegalidad y queda lejos de las exigencias objetivas y subjetivas requeridas por el delito de prevaricación administrativa". Asimismo, defiende que las irregularidades que pudiera haber en este caso se enmarcarían en la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la que controla la legalidad de los actos de la Administración, y no en el derecho penal.
 
La licencia de obra, para la edificación de seis viviendas unifamiliares en la urbanización Huerta Belón de Marbella, en un suelo clasificado como zona verde pública, fue concedida el 20 diciembre de 1996 por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. El 7 de noviembre de 1997, los integrantes de la Comisión de Gobierno concedieron la licencia de obra al proyecto de ejecución de esas viviendas. Ambos permisos, según la calificación que el fiscal hizo en su día, fueron otorgados "siguiendo las determinaciones" del entonces primer edil Jesús Gil.
 
Por estos hechos, el fiscal distinguía entre un delito continuado contra la ordenación del territorio, del que acusaba a Julián Muñoz, Mario Jiménez, Manuel Calle y María Luisa Alcalá, por participar en ambas concesiones, e imputaba el mismo delito, pero sin la categoría de continuado, a Pedro Román, Rafael González, José Manuel Pomares y Juan Antonio Yagüe.

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