L D (Europa Press) Los hospitales, el Sant Rafael, Sagrat Cor y Platón de Barcelona, fueron acusados de vulnerar la Ley de Protección de Datos y obligados a abonar 60.000 euros, cada uno, como sanción.
Una de las sentencias anula el recurso de la Agencia Española de Protección de Datos –y deja sin efecto la sanción impuesta–, que consideró la infracción como "muy grave".
Todas las sentencias dictadas, la última hace una semana, afirman que en ningún momento se ha perjudicado a los titulares de los datos consultados y que los centros hospitalarios ni han obtenido ningún beneficio ni se les puede imputar ninguna responsabilidad por participar en el estudio, informó La Unió, que actuó como defensa jurídica de los centros.
En la misma línea se han pronunciado varios Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, que han anulado las resoluciones de la Agencia Catalana de Protección de Datos que declaraba, por los mismos hechos, que el Hospital Sant Pau, el Dos de Maig y el Clínic de Barcelona habían cometido una infracción.
En estos casos, la agencia catalana no impuso ninguna multa porque no tiene competencia para hacerlo. Según las sentencias dictadas, los hospitales que participaron en el estudio sociolingüístico de la Generalidad lo hicieron para dar respuesta a un requerimiento de la Administración catalana, bajo el convencimiento de que ésta garantizaba la total legalidad y que su participación era de obligado cumplimiento.
En consecuencia, los distintos juzgados y tribunales han dictaminado la ausencia total de culpabilidad en los hospitales que participaron.
La Agencia Catalana de Protección de Datos abrió procedimientos a un total de nueve hospitales públicos por facilitar historiales de pacientes sin su consentimiento, para saber el idioma que utilizaban los médicos.
846 historiales clínicos sin el consentimiento de los pacientes
Los centros catalanes implicados, además del Sant Pau, el Clínic y el Dos de Maig, fueron el de l'Esperança, del Mar, la Casa Maternitat, el CAP Numància, el dispensario Perecamps y tres centros de la ciudad sanitaria de Vall d'Hebron: Rehabilitación y Traumatología, General y Materno-infantil.
Se trata de 846 historiales de hospitales públicos catalanes que fueron entregados a una entidad privada, encargada de elaborar el estudio que cumplía un convenio firmado por las consejerías de Salud y Cultura con el Consorcio de Normalización Lingüística, ejecutando así un proyecto encargado por el anterior gobierno de CiU.
Cuando las denuncias salieron a la luz a principios de 2007, el PP catalán llevó el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y pidió la dimisión de la consejera de Salud, Marina Geli.